MANIFIESTO La educación garantiza los principios básicos de libertad e igualdad, pilares de una sociedad verdaderamente democrática. En ella caben todos y todas, no se excluye ni se selecciona a priori, es tanto el espejo en el que una sociedad democrática debe mirarse como el reflejo de lo que esa misma sociedad es. Sin embargo, la educación pública está en serio peligro. El economicismo dominante, el modelo de gestión empresarial, falazmente presentado como científico y eficaz, la rampante cultura del éxito… pretenden relegar a la educación pública a un papel subsidiario de instrucción básica con la que incorporar rápidamente al alumnado como mano de obra barata, poco cualificada y sumisa a los dictados del sagrado mercado. Este estrechamiento de miras, este premeditado olvido de los ideales emancipatorios y transformadores que le dan su verdadero sentido, están llevando al sistema educativo público a una situación de acoso y de muerte anunciada. Las medidas legales que se han ido tomando no han hecho sino contribuir a esta degradación. En el caso del profesorado, el incremento de las 2 horas lectivas (de 18 a 20 h, pero que puede llegar hasta 22h), el aumento ilegal de las 25h de horario regular, los recortes salariales en las pagas, el castigo económico sobre las bajas laborales –bajas que por otra parte no son cubiertas antes de los 15 días -, la reducción de gastos de funcionamiento de los centros, la pérdida de poder y autonomía del profesorado en los claustros y Consejos escolares… ejemplifican suficientemente la planificación concienzuda de este progresivo desmantelamiento de lo público que no se limita a atacar los derechos del profesorado, sino de todos aquellos (alumnado, familias) que confían en la educación pública. La Consejería de Educación se dedica de modo ferviente a reducir aulas públicas aumentando a lo largo de los años las de la enseñanza concertada, fundamentalmente en las etapas de infantil, primaria y secundaria. La Delegación de Granada, fiel servidora de esta política, eliminó el curso pasado al menos 50 unidades de la pública en la provincia de Granada derivando a parte de su alumnado a la concertada. En el mismo curso, mientras en la zona centro de Granada había 24 unidades de 1º ESO en la concertada, la pública sólo contaba con 14, y esto aún no ha acabado, pues ya se ha anunciado a los centros nuevas supresiones de unidades. Según la Junta de personal de la delegación de educación (que representa al conjunto del profesorado), en el curso 2013-2014: “aproximadamente el 70% del alumnado de la capital cursaba estudios en la concertada”. Gran trabajo, sin duda, el de los gestores de lo público en Granada. Todo esto supone sufrimiento y menosprecio. Sufrimiento y menosprecio del profesorado desplazado, suprimido o, aún peor, directamente eliminado como es el caso de muchos compañeros interinos e interinas que han perdido sus empleos y que viven una situación de precarización, cuando no de invisibilidad. Sufrimiento y menosprecio del alumnado y de las familias que confían en la calidad del sistema público y son sometidos a ratios antipedagógicas y a situaciones de inseguridad en los procesos de matriculación en centros públicos que pueden acabar conduciéndoles, indeseadamente, a la enseñanza privada concertada. Menosprecio en general hacia los trabajadores y usuarios por la falta de información suficiente y la escasa transparencia con que se toman las decisiones educativas -especialmente en la Delegación de Granada- , más propias de una mentalidad caciquil. Menosprecio en general de la ciudadanía, ante la que la Junta de Andalucía se presenta como adalid de lo público a la vez que, internamente, se dedica a su progresivo desmantelamiento. Ahora que estamos en plazo, desde la Marea Verde proponemos a la CEJA una solución factible y acorde con el interés general: eliminar unidades en la concertada para garantizar el aumento de unidades en la pública. Así mismo solicitamos que las 2 horas lectivas impuestas en Secundaria se supriman e insistimos en que las ratios antipedagógicas de las aulas deben reducirse ostensiblemente. Por último, exigimos que las sustituciones se realicen de forma inmediata en todos los casos. Esto permitiría recuperar al profesorado interino eliminado y reforzaría la debilitada confianza que las administraciones públicas infunden a sus trabajadores y ciudadanos sobre los fines últimos de su acción política y sobre el valor de lo público en sí mismo.