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Martes 30 de agosto de 2011

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POLEMICA EN LA CIUDAD s CUANDO EL BIEN COMUN CHOCA CON EL INTERES PRIVADO

Los bienes culturales, poco protegidos Arquitectos, funcionarios y urbanistas creen que las leyes no garantizan el cuidado de estos sitios y debaten sobre el deber del Estado OPINION

PABLO TOMINO LA NACION Monumentos históricos; emblemas arquitectónicas de una época que pasó; áreas patrimoniales nutridas de memoria y valiosas moradas que la ciudad desea conservar. Buenos Aires tiene hoy más de 3000 edificios y áreas protegidas por un abanico de leyes, mientras que otros 8000 sitios están en vías de conseguir esa denominación. Son espacios portadores del ADN de la porteñidad, como los 60 bares notables, catalogados como parte del patrimonio cultural, que lograron conservar el estilo y el espíritu de antaño. Sin embargo, algunos de estos edificios protegidos suelen caer en la desgracia del olvido, en el abandono más triste por la imposibilidad de sus propietarios de mantenerlos económicamente redituables, sin que el Estado pueda hacer mucho más que emitir declaraciones bienintencionadas que, a menudo, sólo impiden un negocio privado, pero no evitan la decadencia. El cierre de la tradicional confitería Richmond, que iba a convertirse en un local de venta de ropa deportiva sobre la calle Florida, es el ejemplo más reciente de un conflicto de intereses entre legítimos propietarios tentados a aceptar un negocio que puede resultarles beneficioso, pero obligados a responder a una ley que les impedirá cambiar la fachada, el estilo o la actividad del comercio. Como consecuencia, distintos inmuebles quedan en desuso, congelados en el tiempo. El ejemplo más reciente es el del pasaje La Cuadra, en la zona de La Imprenta, en Palermo, cerrado desde hace meses luego de que se impidiera la concreción de un negocio inmobiliario que amenazaba su histórica fachada. En otros casos, como el de la confitería Del Molino, en Callao y Rivadavia, o el del edificio de la ex tienda Harrods, en la peatonal Florida, el Estado no impide que sus dueños mantengan abandonados emblemas del pasado de la ciudad. Los especialistas en patrimonio histórico, arquitectura, desarrollo y urbanismo abrieron una discusión sobre la protección patrimonial de bienes privados, y la mayoría coincide en que el Estado y la sociedad deberían subsidiar o resarcir a quienes tengan una propiedad bajo este título, algo que en la práctica hoy no ocurre. Enrique García Espil, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, dijo a LA NACION: “Los edificios catalogados tienen determinados valores arquitectónicos o artísticos, o bien representan hitos de referencia. Lo que hace falta cuando se decide proteger una propiedad es una intervención activa del Estado para mantener el uso, sosteniéndolo, por ejemplo, con desgravaciones de impuestos. Buenos Aires tiene una parte importante de su vida social en los bares, y es atinado defenderlos. Pero los mecanismos que ejecuta el Estado están fallando. Porque, además de la prohibición de hacer, tiene que ofrecer soluciones y facilidades para los particulares”. El arquitecto Daniel Mintzer, director de G&D Developers, considera que frente al cuidado de lo patrimonial hay un choque de intereses que aún no se ha resuelto. “La ciudad tiene cierta propiedad histórica que pretende resguardar. El beneficio es de la ciudad, pero el dueño no es la ciudad, sino un particular. Entonces, hay un choque de intereses. ¿Y quién es el que hace un sacrificio involuntario en pos de la ciudad?”, dijo Mintzer. Y agregó: “La protección debe surgir de un acuerdo con el dueño. Si el

El uso sustentable es la clave HERNAN LOMBARDI PARA LA NACION

El edificio de Harrods, en estado de abandono

La tradicional confitería Richmond, vacía después del cierre

El edificio de la confitería Del Molino, otro emblema destruido

Las Violetas, recuperada totalmente tras una amenaza de cierre JORGE BOSCH Y ANIBAL GRECO

Claves La protección patrimo➽Normas. nial de Buenos Aires está regida por el Código de Planeamiento Urbano, y la Dirección General de Interpretación Urbanística es el organismo de aplicación de esta norma. En 1979 se creó una ➽Historia. comisión para la preservación de zonas históricas en la Capital, y en 1992 se crearon las áreas de protección histórica. A mayor valor patrimonial, menor es el nivel de intervención admisible. notables. En 1998, la ley ➽Bares 35 consideró bares notables los relacionados con hechos o actividades culturales de significancia o de arquitectura relevante. Hoy hay 60 bares con esa denominación. Estado pretende que ese particular, en lugar de ganar dinero, mantenga esa propiedad, la sociedad debería resarcirlo. Ese es un debate que no se está haciendo. No se puede catalogar un inmueble sin una ley que compense de modo lógico esa decisión. En ese caso, se debería aumentar el ABL, si lo que pretendemos como sociedad es cuidar determinados bienes”.

Compensar al dueño La ex legisladora porteña por la Coalición Cívica Teresa de Anchorena, autora de varias leyes de protección patrimonial, afirmó: “Es fundamental que la ciudad proteja de la destrucción o de la deformación a sus edificios valiosos, pero para hacer que esta restricción al dominio sea justa y sustentable es indispensable encontrar maneras para compensar económicamente a los propietarios”. Teresa de Anchorena presentó en 2009 un proyecto de ley de compensación para los edificios catalogados,

que proponía que el gobierno porteño evaluara los metros cuadrados que hubieran podido construirse en esa zona, de no estar el inmueble protegido, y le entregara al propietario un certificado por esos metros virtuales, que podrían ser vendidos a terceros para ser aplicados en otras zonas de la ciudad. “También es necesario que se reglamente la ley 1227 de patrimonio para establecer sanciones económicas a los propietarios de edificios emblemáticos que, por falta de cuidado, están sometidos a una demolición lenta. Los propietarios, como no los pueden demoler, dejan que se degraden. Es el caso del Molino y de Harrods”, dijo la ex legisladora. El diputado Patricio Di Stefano, titular de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Legislatura, de Pro, dijo: “El desarrollo y el progreso no están relacionados con la cantidad de construcciones. El avance de ellas y de las torres es positivo, pero debe hacerse en el marco de un planeamiento. Las metrópolis con mejor calidad de vida siguen este camino, mientras que Buenos Aires destruye su historia”. Santiago Pusso, de la ONG Basta de Demoler, sostiene que la catalogación no es suficiente como instrumento de protección. “Son necesarios estímulos y, sobre todo, la gestión activa del Estado para compartir la carga pública que implica el mantenimiento de esas áreas y edificios, tanto los que están catalogados como aquellos que no lo están y que tienen valor patrimonial”. Pusso agregó: “Es necesario prever políticas de incentivos, como reducción de ABL o créditos blandos que el Banco Ciudad pudiera otorgar”. En tanto, Liliana Barela, titular de la Dirección de Patrimonio Histórico, explicó: “Se salvaron más bares de los que se perdieron. La gente siente orgullo de recibir el diploma de bar notable, y es una distinción que no va en contra del progreso”.

El rigor legal cuida las bellezas de París Los sitios son catalogados y cualquier trabajo sobre ellos debe ser autorizado por el Estado LUISA CORRADINI CORRESPONSAL EN FRANCIA PARIS.– La reglamentación que rige la protección de los monumentos históricos en Francia es una de las más rigurosas del mundo. Para el propietario, suele ser un dolor de cabeza. Para la sociedad, una bendición. “Dicho en pocas palabras, se trata de un sistema casi estalinista”, ironiza un célebre arquitecto parisino. Es un monumento histórico todo bien que recibe un estatus jurídico particular, destinado a protegerlo debido a su interés histórico, artístico o arquitectónico. En esa categoría, pueden entrar los bienes más variados: un edificio, una decoración interior, un portón enrejado, un jardín, una reserva arqueológica o un mueble. Existen dos categorías: un monumento es “clasificado” cuando presenta un interés a nivel nacional. Es “inscripto”, cuando ese interés tiene sólo valor regional. En el caso de un bien inmobiliario, la protección puede extenderse a todo el edificio o sólo a una parte. Puede clasificarse el exterior, el interior y su entorno. Un monumento público no puede ser vendido o legado sin notificación previa al Ministerio de Cultura. Y el futuro propietario debe ser informado, antes de la venta, de que adquirirá un inmueble “clasificado” o “inscripto”, que le exigirá respetar una conducta particular. Así, cuando un propietario pretende transformar o incluso

reparar un bien “clasificado”, está obligado a presentar una solicitud ante las autoridades cuatro meses antes del inicio de los trabajos, indicando todos los detalles del proyecto. En contrapartida, el mantenimiento y los trabajos autorizados sobre un bien clasificado pueden ser financiados por el Estado hasta un 40% de su costo total. Sobre la parte restante, los propietarios suelen obtener una importante exención fiscal. Los trabajos de reestructuración o renovación autorizados deben ser realizados por el propietario, con el concurso del arquitecto y la empresa de su elección. Pero las obras son fiscalizadas por el Estado a través de un equipo de arquitectos especializados (les architectes des bâtiments de France), responsables de la conservación del patrimonio histórico y cultural del país. Una vez que el propietario obtiene luz verde para realizar los trabajos, el Estado pone a su disposición toda la documentación sobre el bien en cuestión y le indica las exigencias reglamentarias, arquitectónicas y técnicas que deberá respetar. En el país que inventó la burocracia, esos trámites y gestiones llevan meses y, a veces, años. Pero gracias a esas exigencias, Francia ha conseguido conservar casi intacto un patrimonio cultural capaz de relatar a través de sus edificios, jardines y objetos más diversos el día tras día de una historia fascinante de más de 1000 años.

El patrimonio cultural es parte de una herencia que da cuenta del recorrido histórico que las sociedades viven y construyen a lo largo de generaciones. Se enmarca dentro de un proyecto global de cultura que una sociedad tiene y lleva a cabo en el tiempo que le toca gestionarla y construirla. Toda manifestación material e inmaterial, de hecho, es testimonio de procesos culturales por preservar. Cada generación deja su marca para la próxima y la habilita para su uso, disfrute y consideración de los saberes culturales heredados. El patrimonio debe ser concebido no sólo en función de resguardar el pasado, sino para ser considerado en la proyección de políticas públicas hacia el futuro. Las ciudades, en general, y la de Buenos Aires, en particular, son organismos dinámicos en permanentes transformaciones. Las políticas patrimoniales, entonces, deben identificar las diversas capacidades urbanas que permitan la utilización de los bienes históricos patrimoniales en función social y con el mayor grado de optimización pensando en las demandas y recursos disponibles. Es en esta tensión entre las con-

En la tensión entre lo patrimonial y el dinamismo de las grandes urbes debe actuar el Estado sideraciones patrimoniales y el dinamismo de las urbes donde deben actuar las estrategias de la sociedad y el Estado. Los mecanismos de preservación tienen dos instrumentos: los provenientes por espacio normativo y los derivados de las condiciones de usos sustentables compatibles con el resguardo patrimonial. Hay argumentos obvios que, a veces, necesitan ser recordados. El Estado puede permitir un uso de un inmueble. Evidentemente, por lo tanto, puede prohibir un uso de un inmueble. Pero es obvio que no puede obligar a determinado uso a un propietario. La no comprensión de esta situación ha llevado a que las mejores intenciones normativas condujeran a frustraciones, donde los bienes quedan abandonados a su lenta demolición “anunciada”. El respeto de las tradiciones y la historia exige la combinación del diseño y la aplicación de normativas con el fomento para la elección de usos sustentables. Es la manera inteligente y sensible que entiende al patrimonio de la ciudad como algo vivo y complejo que sólo existe si su uso y disfrute es colectivo.

El autor es ministro de Cultura de la ciudad y director del Ente de Turismo porteño