CONGRESO LA VOZ DEL

N° 0101

ÓRGANO INFORMATIVO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

24 DE ENERO DE 2014

LEGISLATIVO Y CPP ORGANIZAN DIPLOMADO DE PERIODISMO PARLAMENTARIO (Pág.2)

EX JEFES PNP ASESORAN A COMISIÓN INVESTIGADORA DE LÓPEZ MENESES (Pág. 8)

N U A I C A H E L I H C PERÚ Y R O I R E P U S O N I T S DE

A pocas horas de conocerse la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el diferendo marítimo, autoridades nacionales de Perú y Chile coinciden en sus aspiraciones porque, tras ese fallo, las relaciones entre los dos países ingresen en una nueva era más auspiciosa y de mutuo progreso. (Pág. 2)

CONGRESO

CONGRESO Y CPP EN DIPLOMADO DE PERIODISMO PARLAMENTARIO

VICEPRESIDENTA OMONTE RESALTA MUTUO RESPETO ENTRE PERÚ Y CHILE

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l Congreso de la República y el Colegio de Periodistas del Perú organizan la realización de un Diplomado sobre Periodismo Parlamentario, el cual será inaugurado el 8 de febrero por el titular del Poder Legislativo, Fredy Otárola Peñaranda, en la sala Raúl Porras Barrenechea de Palacio Legislativo. Participarán hombres y mujeres de prensa de todo el país y, entre ellos, decanos de los colegios regionales que por esos días participarán en una Asamblea Nacional de Decanos del CPP. Se trata de un curso de alto nivel que será dictado por especialistas en el tema, constitucionalistas, legisladores y exparlamentarios, al igual que experimentados profesionales del periodismo que a lo largo del tiempo se han desempeñado como cronistas parlamentarios y cuyas experiencias siempre resultan muy interesantes conocer. El Diplomado se extenderá hasta el mes de mayo. Tendrá efecto especialmente los días sábados, tras lo cual los participantes que acrediten los requisitos mínimos exigidos recibirán

su correspondiente certificado de participante. El evento cultural se realiza después de una reunión que sostuviera la decana nacional del CPP, Rosa Reyna Peláez, con el presidente del Congreso, Fredy Otárola Peñaranda. Está enmarcado dentro de las actividades de capacitación y actualización en bien de los agremiados, lo cual destacó la decana Reyna Peláez. En tanto, el titular del Parlamento coincidió con esos objetivos institucionales y expresó el interés de este poder del Estado de contribuir a la realización de un evento que también tendrá positivos resultados para el Parlamento, ya que los hombres de prensa estarán mucho mejor capacitados para brindar una mejor cobertura y labor informativa sobre las actividades del Primer Poder del Estado.

La presidenta encargada del Congreso , Carmen Omonte Durand (PP), resaltó el clima de calma y serenidad con el que la población y las instituciones en general del Perú y Chile esperan el fallo que emitirá el lunes 27 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el diferendo marítimo con el vecino país del sur. En declaraciones formuladas en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento, luego de recibir el saludo de la Guardia de Honor apostada en el Primer Poder Estado, en su calidad de máxima autoridad del Poder Legislativo, Omonte manifestó que siempre habrá individualidades que emitan algún tipo de opinión sobre el tema de La Haya, pero señaló que lo importante es la postura en general que han tomado los gobiernos chileno y peruano, como es el respeto y acatamiento del veredicto que emitirá el organismo supranacional con sede en Holanda.

VICEPRESIDENTE LUNA ELOGIA SEDE POLICIAL

Como un modelo digno de imitar calificó el tercer vicepresidente del Congreso, legislador José Luna Gálvez (SN), la gestión del comandante PNP Emilio Jesús Valverde Morales al frente del Escuadrón de Emergencia Sur II. Señaló que ha logrado hacer de ese centro un local de moderna y cómoda infraestructura para albergar a los 450 efectivos policiales que allí laboran. Emergencias Sur II está ubicada en el populoso distrito de Villa María del Triunfo y atiende las emergencias de todo el sur de Lima (San Juan de Miraflores, Chorrillos, San Bartolo, Pucusana, entre otros). En visita inopinada efectuada por el vicepresidente del Congreso se comprobó los resultados de una adecuada gesEs una publicación del Congreso de la República del Perú

Edición : Oficina de Comunicaciones

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Jorge Torres Rodrigo Éver Alfonso Mamani Paja Área de Fotografía Plaza Bolívar s/n - Lima 311-7541, anexos 2882 ó 2883 311 - 7537

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/prensapubli.nsf/centro_noticias_semana_informativa

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tión y gerencia del mando policial que ha logrado mentalizar a sus subordinados para brindar horas extras de su tiempo al servicio de la comunidad. El legislador hizo un amplio recorrido por las instalaciones de Emergencia Sur II, que cuenta con oficinas debidamente equipadas para atención al público, instalaciones de radio para recibir las llamadas al 105, salas de descanso y recreación para los efectivos, dormitorios para oficiales y sub oficiales, servicios higiénicos, saunas a vapor, comedor y cafetín construidos con finos y cálidos acabados de madera. Asimismo, se encuentra en plena construcción una torre de entrenamientos y de usos múltiples de cinco pisos de altura, donde se seguirá adiestrando a los efectivos policiales en saltos de altura y ejercicios de rape o escalamiento. Se ha habilitado, con mano de obra de los mismos efectivos policiales, una extensa área de 240 metros que antes solo tenía dos pisos y que luego de complementarla con 22 columnas, será un edificio de cinco pisos que servirán también para recuperar un gimnasio y canchas.

Comentó que es comprensible que tanto en Perú como en Chile haya opiniones discordantes, pero el clima en general – que es lo que importa- es que los políticos, instituciones, empresarios y periodistas, están a favor del llamado a la serenidad para acatar y buscar la implementación del fallo. Ello, entendiendo que ambos países acudieron a la Corte en una decisión soberana” , puntualizó la legisladora. Finalmente, la primera vicepresidenta saludó la reunión sostenida días atrás por el presidente Ollanta Humala con los exmandatarios Alejandro Toledo y Alan García para informar sobre el proceso de La Haya, porque es una demostración de que “los sentimientos partidarios quedan de lado y lo que prima es el interés del país”.

COMUNICADO ANTE EL INMINENTE FALLO QUE EL PRÓXIMO LUNES 27 DE ENERO EMITIRÁ LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, CON SEDE EN LA HAYA – HOLANDA, RESPECTO AL DIFERENDO DE LA DELIMITACIÓN MARÍTIMA CON CHILE, EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EXPRESA LO SIGUIENTE: 1. EXHORTAR AL PUEBLO PERUANO A ESPERAR CON SERENIDAD Y TRANQUILIDAD EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 2. EXPRESAR SU ABSOLUTO RESPETO A LA DECISIÓN QUE EMITA LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. 3. CONVOCAR A LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL LUNES 27 DE ENERO A LAS 11:00 A.M.

4. EXPRESAR EL COMPROMISO DE LOS CONGRESISTAS PORTAVOCES DE LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, A QUE NO SE FORMULARÁN DECLARACIONES PÚBLICAS EN RELACIÓN A ESTE FALLO, HASTA DESPUÉS QUE LO HAGA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN SU CALIDAD DE JEFE DE ESTADO. LIMA, 22 DE ENERO DE 2014 CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CASI 300 IMPLICADOS EN CUESTIONADA VENTA DE ACCIONES Cerca de 300 personas tendrían diferente tipo de responsabilidad en la venta de acciones de cinco empresas azucareras, y entre ellas figuran empresarios y altos funcionarios públicos, para quienes se pedirá el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil.

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sí lo indicó el congresista Roberto Angulo Álvarez (NGP), presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar las supuestas irregularidades en la venta de acciones de las empresas Cartavio, Casa Grande, Laredo, Chucarapi-Pampa Blanca y Andahuasi. “Se trata de una investigación amplia y profunda a empresas que tienen una larga historia de aproximadamente 30 años cada una. Hemos identificado a 296 personas de diferentes ámbitos: político, de la administración pública, del sector bursátil y finanzas, empresarios, trabajadores y terceros involucrados que tienen diferente grado de responsabilidad”, anotó. Un denominador común en el que habrían incurrido los compradores de las acciones de las cinco empresas agrarias habría sido la evasión del cumplimiento del requisito de participación en el proceso de Oferta Pública de Adquisiciones (OPA), dijo el congresista. En efecto, la Ley de Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861, establece como carácter obligatorio la concurrencia a un proceso de oferta pública en el caso de venta de acciones del Estado, cuando las acciones a ser negociadas superan el umbral del 25% del accionariado. Pese a que la Superintendencia del Mercado de Valores (Ex Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores-CONASEV-) impuso una multa a los grupos económicos, ésta solo sirvió para que se concretara el acto ilegal, puesto que quienes adquirieron las acciones continuaron poseyéndolas hasta que el proceso fue suspendido por la ex Conasev.

DELITOS E IRREGULARIDADES Por su lado, el grupo Wong pidió a la ex Conasev que se autorice la sustitución de la obligación de vender las acciones adquiridas de manera cuestionable, acogiéndose al artículo 72° de la Ley de Mercado de Valores, para realizar una OPA hasta por el 100% de las acciones representativas del capital social de Andahuasi. Esto, pese a que lo más beneficioso y práctico hubiera sido paralizar la operación de 49 millones 422 mil 573 acciones de la empresa Agraria Andahuasi, del 14 de mayo del 2009 (cuando se realizó la venta), bajo una correcta supervisión de la ex Conasev. El parlamentario indicó que en el transcurso de hechos se habría incurrido en irregularidades, infracciones y delitos, como concertación de precios, asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas y evasión tributaria, entre otros. Angulo Álvarez señaló que será el Pleno del Congreso la instancia que deberá aprobar el pedido del levantamiento del secreto bancario, el secreto bursátil y la reserva tribu-

taria, una vez que apruebe el informe del grupo de trabajo. Entre las personas que serían sometidas a este tipo de investigación se encuentran los hermanos Erasmo y Efraín Wong Lu Vega, Antonio Palacios Tejada, Manuel José Marcos Bustamante y José Fernando Romero Tapia (de la empresa Andahuasi). También hay un pedido de levantamiento del secreto bancario para el ex gerente general de Scotia Bolsa S.A.B., Enrique Sphilman Denegri. Angulo Álvarez señaló que la investigación, que contó con la concurrencia de 72 personas de 131 citados, dejó establecido el marco jurídico en que se desenvolvió

“El Pleno del Congreso será la instancia que deberá aprobar el pedido del levantamiento del secreto bancario, el secreto bursátil y la reserva tributaria, una vez que apruebe el informe del grupo de trabajo”.

la transferencia de las empresas agrícolas; la identificación de 296 implicados y la comprobación del grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. Sin embargo, señaló, falta realizar el interrogatorio a 127 personas y verificar si hay vínculos de algunos de los involucrados con empresas offshore de Panamá, para determinar el origen del dinero que se destinó para la adquisición de acciones.

DE GRADO O FUERZA Indicó que entre los más renuentes a concurrir a la comisión se encuentran el empresario Efraín Wong Lu Vega. Por eso se solicitará al Poder Judicial que autorice su presencia de grado o fuerza, después de obtenida la información de los secretos bancario, bursátil y la reserva tributaria. AMPLIACIÓN DE PLAZO El legislador señaló que, de los cinco casos, dos están casi concluidos, el de Andahuasi y Chucarapi- Pampa Blanca, pero faltan Cartavio, Casa Grande y Laredo. “El 12 de febrero vence el plazo que se nos otorgó a la comisión, pero se requerirá de unos 180 días más, lo que solicitaremos al Pleno cuando se reanude el segundo período legislativo”, anotó. Indicó que el informe debió ser sustentado en la legislatura recién concluida, pero fue trasladado a la siguiente, que comenzará el 1 de marzo. ESTADO PERDIÓ DINERO Angulo Álvarez manifestó que lo que buscan los integrantes del grupo de trabajo, y él en particular, es que se sepa la verdad de lo que ocurrió con la venta de las acciones de empresas azucareras de amplia tradición en el país. “Es necesario que se conozca por qué se mal barateó el patrimonio de empresas que pertenecían a la colectividad afectando a más de 18 mil personas en forma directa y a más de cien mil en forma indirecta”, expresó el legislador. Señaló que aún no se conoce la suma, pero que la cifra sería de varios millones de soles y de igual manera los trabajadores socios fundadores. Son integrantes de la comisión los congresistas Richard Acuña Núñez (PPC-APP), Víctor Crisólogo Espejo (PP), Doris Oseda Soto (NGP ) y Néstor Valqui Matos (FP).

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CONGRESO

“MEGACOMISIÓN” RECOGE DENUNCIAS REGISTRADAS EN ÉTICA Y ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

El presidente de la Comisión Investigadora de los presuntos actos de corrupción ocurridos en el anterior gobierno, congresista Sergio Tejada Galindo (NGP), explicó a LA VOZ DEL CONGRESO que ese grupo presentará, aparte de los informes aprobados, un documento denominado de “casos complementarios”, el cual recoge todas las denuncias habidas en el periodo pasado en la Comisión de Ética Parlamentaria, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Contraloría General de la República.

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Recoge, además, denuncias periodísticas, de ciudadanos; y desarrolla un poco más algunos casos. Por ejemplo, una laptop por niño, entre otros. No hemos citado a las personas, ni se llega a señalar responsabilidades, sino que solo da cuenta de presuntos actos de corrupción. Es decir, por un lado hay un recuento de información periodística de diferentes casos sonados como shock de inversiones, Cofopri, Banco de Materiales, Collique, mientras que en este periodo Global CTS”, ahondó el parlamentario. Comentó que hubo, también, diferentes denuncias que llegaron a la Comisión de Ética, las que en su gran mayoría fueron archivadas, aunque otras sí tuvieron sanción. Del mismo modo, agregó, se registró denuncias ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aunque todas resultaron archivadas. “Pero hemos querido que este informe dé cuenta de todo eso, porque nosotros, al final, solamente hemos podido investigar seis o siete casos”, acotó. Tejada añadió que, además, hay hechos llamativos en la donación del Cristo del Pacífico y en la transferencia de terrenos del Ministerio de Agricultura al gobierno regional de Ayacucho. “ Se ha hecho un pequeño análisis de la venta de terrenos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Educación, Decretos de Urgencia y un análisis de la venta del aeródromo de Collique. “Solo en este último caso, para determinar responsabilidades, tendríamos que haber citado a alrededor de 72 personas, y eso era imposible”, puntualizó.

LIBRO

En entrevista concedida días antes a la aprobación del informe sobre presunto desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito, adelantó que escribirá un libro sobre los resultados de la labor efectuada por este grupo especial durante más de dos años de investigación, a fin de poner al alcance de la población las conclusiones de las investigaciones. El congresista nacionalista catalogó el trabajo realizado por su comisión como “bastante difícil”, toda vez que se trataba de investigar una amplia gestión de cinco años en distintos sectores y políticas de gobierno. “Así que no era nada fácil hacerlo en un tiempo tan corto y con un equipo pequeño. Tuvimos dificultades, en un inicio, para instalar la comisión a fin de contar con la oficina y logística necesaria para las investigaciones. En el transcurso de nuestra labor tuvimos dificultades con diferentes acciones legales de los investigados, acciones de amparo, cartas notariales, denuncias contra mi persona, que sin duda retrasaron nuestra labor”, precisó el parlamentario. Recordó que en los dos años y un mes de labor, fueron apro-

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bados los informes de los colegios emblemáticos, a los que se incluyó recientemente una adenda, aprobada por el grupo, con algunos temas adicionales y modificaciones. Comentó que, igualmente, el informe de Agua para Todos ha tenido algunas modificaciones. A ellos se suman el informe Sedapal, el de las conmutaciones de penas e indultos, interferencia política en el caso BTR y, finalmente, el presunto desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito. El congresista nacionalista manifestó que su comisión gastó en este tiempo “considerablemente menos” que las comisiones de Fiscalización y Presupuesto. “Básicamente los gastos son en remuneraciones, porque tenemos un equipo que trabaja permanentemente y al que hay que pagarle una remuneración. Hemos tenido gastos bajísimos en logística porque prácticamente todos los muebles son reciclados, al igual que las computadoras y, además, el equipo trabajó muchísimo tiempo con sus computadoras”, afirmó luego. Detalló que fueron citados varios exministros como Hernán Garrido Lecca Montañez, Aurelio Pastor Valdivieso, Luis Nava Guibert, Jorge del Castillo Gálvez, Miguel Hidalgo, Rosario Fernández Figueroa, Víctor García Toma, la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz, el ex presidente de la República, Alan García Pérez, y decenas de funcionarios de menor rango de la Comisión de Gracias Presidenciales, de la Oficina de Infraestructura Educativa, Sedapal, Agua para Todos, entre otros. “Viajamos en una oportunidad a San Martín a recoger testimonios, pero hubiéramos querido viajar más porque se comunicaban con nosotros desde algunos penales para brindar declaraciones. Pero por alguna razón siempre había temor en declarar y aquello no se pudo concretar”, agregó Tejada.

VOTACIÓN

Congresista Sergio Tejada Galindo (NGP) “ Se ha hecho un pequeño análisis de la venta de terrenos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Educación, Decretos de Urgencia y un análisis de la venta del aeródromo de Collique”.

En otro momento, dijo que el grupo aún no ha decidido si los informes aprobados serán sustentados ante el Pleno en marzo, de forma separada o en bloque. “Si fuera por separado podrían tomarnos algunos meses. Después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la que serán derivados aquellos casos con derecho a antejuicio, también tomaría algunos meses para elaborar su informe de calificación. Entonces podríamos estar hablando de que esto vaya al Pleno por segunda vez a finales del 2014 o tal vez a principios del 2015”, fue su comentario. En ese sentido, consideró que si bien es más práctica la sustentación en bloque por ser muy complejo, también, de esta forma, se puede perder la riqueza de las investigaciones y “no favorecernos en la votación porque se tiene que entender todo lo que hemos hallado”. Consultado si esa situación podría significar la prescripción de determinados actos ilícitos, subrayó que podría darse en algún caso, pero que el tema no ha sido evaluado a detalle. “El Parlamento tiene sus procedimientos y tenemos que seguirlos de la manera más estricta. También, por otro lado, si uno podría hablar de prescripción, también se puede hablar de que el año próximo se estaría venciendo el derecho al antejuicio de varios exministros, y eso también podría facilitar la labor del Ministerio Público, depende”, concluyó.

COMISIÓN VELA POR CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS EJECUTIVOS

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elicada y muy importante es la misión que cumple la Comisión de Relaciones Exteriores, como es la de revisar y fiscalizar que los convenios internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo en nombre del Perú cumplan con lo dispuesto en el artículo 57º de nuestra Constitución Política, y en consecuencia pueden ser puestos en ejecución. En ese sentido, el grupo de trabajo legislativo, que preside el congresista Martín Belaunde Moreyra (SN), ha cumplido una ardua labor en la primera legislatura del presente Período Anual de Sesiones 2013-2014, al haber dado su conformidad y enviado al archivo18 Tratados Ejecutivos Internacionales (TEI), referidos a diversos temas. Al mismo tiempo, y en trabajo paralelo, emitió 14 resoluciones legislativas mediante las cuales propuso que el Pleno aprobara igual número de convenios suscritos por el gobierno peruano con sus similares y organismos internacionales sobre diversos temas de mutuo interés. Las resoluciones legislativas, promulgadas y publicadas en el diario oficial El Peruano, se refieren a temas como: implementación de sistemas de control integrado

TEI aprobados Entre los Tratados Ejecutivos Internacionales (TEI) dictaminados y enviados al archivo figuran los que proponen aprobar el acuerdo suscrito con el gobierno de Turquía sobre la exención de visas; con el reino de Bélgica relativo al financiamiento de un programa de apoyo para la realización de estudios y consultorías; con la República de Corea sobre el mutuo reconocimiento e intercambio de licencias de conducir; con el Estado de Palestina sobre supresión de requerimientos de visas para portadores de pasaportes di-

y de cooperación entre Perú y Chile; estatuto de los apátridas; cooperación en el ámbito de la defensa; convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, y zona de integración fronteriza Perú-Brasil. También, a convenios para evitar la doble tributación con los Estados Unidos Mexicanos, República de Corea, Portugal y Suiza; y sobre protección física de materiales nucleares, entre otros TEI.

plomáticos y especiales; y con EL Reino de España sobre el ejercicio del derecho de sufragio de las elecciones por parte de los residentes de ambos países. También se encuentran las propuestas de confirmación de los convenios de reconocimiento mutuo de estudios, títulos y diplomas de educación superior con Cuba; con los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay sobre la constitución del Comité Regional de Sanidad vegetal; y con la República Popular de China para ejecutar el Proyecto Escuela Primaria ‘José María Arguedas”, entre otros proyectos.

A esas resoluciones se suma la autógrafa del proyecto de ley que propone modificar la Ley de Contrataciones del Estado, y establecer un marco legal que permita mejorar la eficacia y eficiencia en las contrataciones que deba efectuar el Estado, específicamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El plazo para que el Presidente de la República promulgue la autógrafa vence el 29 de enero próximo.

ANALIZAN CASO DE SELECCIÓN DE CONSEJEROS COMERCIALES Frente a cuestionamientos al reciente proceso de selección de los consejeros económicos comerciales del Perú en el exterior, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva Velarde-Álvarez, sostuvo que éste se realizó de forma transparente, de acuerdo a normas del sector público y que no hubo ningún favoritismo. La ministra se presentó el lunes 20 ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, que preside el congresista Carlos Bruce Montes de Oca (CP), ala que fue citada para responder a las denuncias formuladas por dos de los postulantes, María del Rosario Pajuelo y Pedro Guevara, quienes no resultaron finalmente seleccionados. Ante el grupo, Silva, tras aclarar que no participó en el proceso, indicó que ambos denunciantes quedaron fuera por no cumplir con la presentación, en el plazo establecido, de documentos originales que sustentaran lo

consignado en sus hojas de vida. Afirmó que el concurso se efectuó en virtud a la necesidad de designar a los titulares de las 17 oficinas comerciales vacantes en diferentes países del mundo. Agre-

gó que en la actualidad solo funcionan 18 oficinas económicas comerciales, en desmedro de nuestras exportaciones y promoción comercial. Detalló todo el procedimiento seguido en este asunto y explicó que el 20 de noviembre del 2013 se publicó el reglamento del concurso público de méritos para la selección de candidatos y en dos días se hizo lo propio con las bases. Manifestó que entre el 24 de noviembre al 4 de diciembre se recibió a 299 postulaciones. Afirmó que el 5 de diciembre se publicó la relación de los 75 candidatos que aprobaron la evaluación curricular y del 6 al 9 de diciembre se realizó la evaluación de competencias con apoyo de una empresa externa. Añadió que el 10 de diciembre se publicó los resultados y quedaron 61 candidatos. La titular de Comercio Exterior indicó que del 11 al 16 de diciembre se efectuó la entrevista personal y que, previamente, por correo electrónico, se recordó a los candidatos que debían presentar copia simple de las constancias y/o certificados que ellos mismos acreditaron en sus hojas de vida.

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CONGRESO

CONGRESISTA MORA SUSTENTÓ NUEVA LEY UNIVERSITARIA

INVESTIGAN PROYECTOS VIALES

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l congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP-FA) destacó como un primer paso que los pobladores de los asentamientos humanos “9 de Octubre”, “2 de Mayo”, “Cantagallo” y “Huascarán” -cercanos a las riberas del río Rímac- retomen la mesa de trabajo y estudien las alternativas que sean viables para la construcción de la autopista denominada originalmente “Línea Amarilla”. Los dirigentes de esos asentamientos humanos fueron convocados por el Grupo de Trabajo –de la Comisión de Fiscalización- que preside Lescano, encargado de investigar presuntas irregularidades en las expropiaciones de viviendas en relación con el proyecto Vía Parque Rímac. También estuvo el congresista Luis Galarreta Velarde (PPC-APP). Miguel Guerrero Orbegozo, representante del AH “Huascarán”, explicó que desde hace cuatro años ellos reclaman diálogo con las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima que satisfaga a ambas partes. Aparte de señalar el malestar de los pobladores por la amenaza de desalojo, Guerrero informó de una serie de irregularidades que contendría el contrato de concesión que consiste en administrar, durante 40 años, las secciones uno y dos de una vía de 25 kilómetros (Vía de Evitamiento y Puente Huáscar hasta la Avenida. Universitaria). Comentó que contractualmente la inversión por kilómetro de esta concesión es 14 veces más cara que la concesión de la carretera más cara del país, incluyendo puentes y túneles. “Con la recaudación que se logre en la concesión de la Vía Parque Rímac” se podría construir 32 autopistas como la de Pucusana”, expresó.

Por su parte, Domingo Arzubialde, director de Promoción de la Inversión Privada de la MML, lamentó que se haya hecho “muchas imprecisiones”, que los 30 mil dólares por vivienda era una cantidad-base, y afirmó que el trabajo que lleva adelante la municipalidad limeña es honesto y busca la transparencia. El proyecto Vía Parque Rímac es necesario para corregir las deficiencias en las vías de interconexión de la capital y, al respecto, hay esfuerzos claros para buscar alternativas. Precisó que se seguirá buscando nuevos caminos de entendimiento con los asentamientos humanos.

CHICLAYO, (CR).- El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, congresista Daniel Mora Zevallos (PP), participó en el XII Congreso Nacional Extraordinario Académico de Docentes Universitarios, en el que sustentó los beneficios del dictamen de la nueva ley universitaria. El titular del grupo de trabajo dijo que el objetivo de la proyectada norma legal es la creación, funcionamiento y supervisión de universidades, así como promover el mejoramiento de la calidad educativa de las instituciones universitarias. Reveló que las universidades están exoneradas del impuesto a la renta, el impuesto a las importaciones, el impuesto general a las ventas (IGV) y de algunos tributos municipales. Por ello los estudiantes deben demandar calidad. Dijo que, una vez aprobada la ley, los docentes que no tengan el grado de doctor tendrán un plazo de cinco años para obtener el título. “La docencia en las universidades tiene que ser con doctorados, para que de esta manera se mejore la calidad educativa”, expresó. Dijo que el Perú necesita calidad educativa y que de esa forma se mejore el bienestar universitario. Añadió que para lograrlo se requiere de excelencia académica, así como mejorar la infraestructura con bibliotecas, laboratorios, etc. Resaltó la creación de una superintendencia, que se encargará de velar por la calidad de las universidades, y estará adscrita al Ministerio de Educación. Recordó que el dictamen de la nueva ley universitaria se encuentra en el Pleno del Congreso, y recordó que fue debatido suficientemente con todos los sectores, favoreciendo a los alumnos y padres de familia con una mejor calidad educativa. Por su parte, los dirigentes de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP) pidieron al presidente del grupo de trabajo que recoja las propuestas presentadas por su organización, en las que proponen la democratización de la elección de autoridades universitarias.

CORREDORES VIALES Un segundo tema de agenda del Grupo de Trabajo fue el proceso de adjudicación de los cinco Corredores Viales Complementarios que cubrirán un 40% del transporte urbano de la capital. A la sesión asistieron representantes de algunas empresas ganadoras, entre ellas TGA, como también de las que no cumplieron con los requisitos, como las empresas Orión y Corporación de Transporte Urbano Lima-Callao.

Más adelante... } La Comisión de Relaciones Exteriores se reunirá este lunes 27, en sesión extraordinaria, a partir de las 8 y 30 de la mañana. Tendrá carácter reservado y en ella se analizará los alcances y los efectos que tendrá para el Perú el fallo que emitirá ese día la Corte Internacional de Justicia de La Haya en cuanto al diferendo marítimo peruano-chileno… Ese mismo día, la Junta de Portavoces del Congreso de la República realizará una sesión extraordinaria a las 11:00 a.m., fecha en que se dará a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya... La comisión investigadora del llamado Caso López Meneses recibirá este miércoles 29 al general retirado

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de la Policía Nacional, Luis Praeli, quien deberá responder sobre el ilegal resguardo policial que se dio al operador de Montesinos. Al día siguiente, jueves 30, se presentarán el coronel PNP Carlos Aguilar y el comandante PNP Juan Fernández Guevara. El primero de ellos fue jefe de la División Territorial Lima Sur y sería el oficial que tuvo a su cargo el cumplimiento de la orden de instalar la vigilancia en el domicilio de López Meneses… El presidente de la Comisión de Justicia y Dere-

chos Humanos, congresista Juan Carlos Eguren, (PPC-APP), encabezará este jueves 30 una ceremonia de presentación del libro “La autotutela como una nueva institución de amparo familiar”. Ello será en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo… El evento “Huellas para no olvidar” se realizará este martes 28 en la sala Raúl Porras Barrenechea. Lo organiza el despacho del parlamentario Juan Castagnino Lema.... La Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales del Perú realiza este domingo 26 un acto de reconocimiento y homenaje a los periodistas mártires de Uchuraccay en el 31ª aniversario de su inmolación en el cumplimiento de su misión periodística. Al acto cursaron invitación al presidente del Congreso, Fredy Otárola Peñaranda…

COMISIÓN EN RESUELTA LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN que el acoso presencial no es tipificado en el Código Penal como delito, sí lo es cuando la figura se da en internet. Se incluye el ‘grooming’ o acoso de menores por internet.

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a Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el legislador Juan Carlos Eguren Neuenschwander (PPC – APP), tuvo un activo trabajo en la primera legislatura ordinaria correspondiente al Período 2013 – 2014, al aprobar leyes efectivas para luchar contra la criminalidad y la corrupción en la administración pública. Entre las leyes importantes aprobadas está la de Delitos Informáticos. Esta norma contempla ‘nuevos delitos’ que por su naturaleza se desprenden del uso masivo de la informática y por el avance tecnológico. En esta materia se contempla nuevos delitos como son los actos de ‘borrar archivos de otra persona’, fabricar información o hacer propuestas deshonestas a menores por esta vía. La legislación castiga hasta con seis años de prisión a aquel que “introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos” de otra persona sin su consentimiento o permiso. Los años de pena se dejan a discreción del juez porque siendo el mismo delito el peso del mismo no es igual. Se tipifica como delito el acto de fabricar, diseñar, desarrollar o utilizar un software de hacking, con un castigo de hasta cuatro años de prisión y hasta con cinco años se castiga a la persona que ingresa, crea o utiliza indebidamente una base de datos de internet. De igual modo, la norma plantea añadir la modalidad de ‘discriminación en internet’, llegando a castigarlo hasta con cuatro años de prisión. Acosar por internet es considerado delito. No obstante

La legislación castiga hasta con seis años de prisión a aquel que “introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos” CONTROL POLÍTICO La Comisión de Justicia y Derechos Humanos también ejerció funciones de control político en diversos temas de coyuntura. Recibió a personaS como Eduardo Vega Luna, defensor del Pueblo, que informó sobre los alcances de las intervenciones defensoriales de los temas de su competencia relevantes durante el año 2012. El ministro de Justicia, Daniel Figallo Rivadeneyra, expuso ante la comisión un amplio informe sobre las medidas adoptadas por el sector sobre la conducta de Julio Arbizu Gonzales, procurador público especializado en delitos de corrupción. Expresó la respuesta del sector Justicia en relación a supuestos datos falsos consignados en la hoja de vida de Julio César Arbizu y declaración jurada de este presentada al Congreso de la República. La procuradora pública, Sonia Medina Calvo, encargada de defender los intereses del Estado ante delitos de tráfico ilícito de drogas; y Julia Prícipe Trujillo, encargada de la defensa en caso de delitos de lavado de activos, expusieron sus informes respectivos.

EFECTIVA LABOR TUVO COMISIÓN DE ÉTICA En el Período 2012-2013 la Comisión de Ética Parlamentaria, que preside el congresista Humberto Lay Sun (UR), procesó 210 denuncias contra congresistas, de las cuales 195 fueron declaradas improcedentes. De las 210 denuncias, 64 de las cuales provenían de informes periodísticos, las mismas que fueron investigadas de oficio, se declaró improcedentes 195 y solo se acordó 15 recomendaciones de sanción, mayormente con pedido de suspensión del congresista procesado por faltas al Código de Ética Parlamentaria. Entre los denunciados estuvo el ahora excongresista Michael Urtecho Medina, a quien se le impuso una suspensión de 120 días. Además, la comisión acordó enviar todo lo actuado al Ministerio Público e interponer una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pues se dijo que “el congresista (Urtecho Medina), en el ejer-

cicio de su función, se habría aprovechado de su cargo para cometer actos de corrupción, a fin de apropiarse del dinero de sus trabajadores en su perjuicio y en agravio del patrimonio del Estado, de acuerdo a lo establecido en el

CRIMEN ORGANIZADO Contra las diferentes actividades delictivas como el tráfico de drogas, el lavado de activos, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de armas, tráfico del patrimonio cultural, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó la modificatoria a la Ley contra el crimen organizado que tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. La Ley 30124 modifica el artículo 425 del Código Penal, referido al concepto de funcionario o servidor público en el sentido de que los trabajadores de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta serán pasibles de sanción penal, en caso incurran en actos de corrupción durante el desempeño de sus funciones. Se considera funcionarios públicos a los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñen cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. Independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidad del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado. De igual forma, los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente aunque pertenezcan a particulares. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Complementaria a la anterior, la Comisión de Justicia también aprobó la Ley 2532 que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. La declaración jurada debe especificar que el patrimonio declarado es el único de propiedad del obligado y de la sociedad de gananciales a la fecha de esa declaración. Los funcionarios del Estado presentan la declaración jurada a la Contraloría General de la República a través de la dirección general de administración de la entidad a la que pertenecen al inicio, durante y al término de la gestión o el cargo que ejercen y en las oportunidades y plazos que se establezcan en el reglamento. artículo 99º de la Constitución”. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como es de conocimiento, recomendó su desafuero, el mismo que fue aprobado por el Pleno del Congreso de la República. La cantidad de denuncias que supera el número de congresistas no significa, necesariamente, que todos los legisladores hayan sido objeto de alguna denuncia, sino que algunos congresistas han acumulado varias de ellas. Éstas, por lo general, no pasan de la etapa de calificación por no reunir los requisitos o carecer del sustento mínimo para convertirse en un caso a investigar, por lo que de inmediato son declaradas improcedentes y pasan al archivo. En el Período 2012-2013 la Comisión de Ética, con la conducción del congresista Lay Sun, cumplió con éxito su labor y se espera igual resultado en el nuevo Período 2014-2015, en que Lay sido ratificado como presidente de ese grupo de trabajo.

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CONGRESO

LEGISLADORES DEFIENDEN A VERANEANTES EN PLAYAS

LUCHAN CONTRA MAFIAS DE TEXTOS ESCOLARES

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olegios privados estarían direccionando la compra de útiles y textos escolares en imprentas y empresas editoriales de su conveniencia, a fin de llevar adelante un “negociado” que se aplicaría, todos los años, al inicio de la matrícula escolar, con lo cual ganan ingentes sumas de dinero en desmedro de los padres de familia. Así lo denunció la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, congresista Julia Teves Quispe (NGP), después de realizar el lunes 20 una inspección inopinada en los colegios particulares La Salle y Salesiano, del distrito de Breña. Explicó que ese propósito se desprendería al comprobarse, en ambos colegios, que profesores, autoridades y padres de familia no han suscrito ningún acta en que se informa sobre los libros educativos que serán utilizados en el año escolar, manteniendo desinformada a la población escolar y familiares que están desorientados. “Es preciso que los directores de esos colegios y de los demás centros educativos particulares tengan en cuenta que la educación es un servicio y no un lucro. Nosotros daremos dura batalla a los inmorales, a la gente corrupta que incumple las leyes vigentes. Tendremos especial cuidado porque se trata de la educación”, aseveró.

Teves también dijo que en La Salle ha detectado dos irregularidades más: discriminación en las matrículas, y se está llevando adelante un programa de recuperación académica para niños de segundo grado, no obstante que ellos no están obligados a hacerlo. “Es preciso que los padres de familia no malgasten su dinero, que debe ser utilizado para la educación de sus hijos y no para llenar los bolsillos de gente inescrupulosa”, expresó luego. La legisladora manifestó su preocupación al dialogar con un padre de familia, a cuyo menor hijo le negaban matricularlo por el solo hecho de tener la nota “B”. Esta es una trasgresión a las disposiciones porque todo niño tiene acceso a la matrícula con 11 de nota, señaló. Por tal motivo, pidió la intervención del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para que investigue los hechos irregulares y aplique las sanciones correspondientes a fin de poner coto a las anomalías que entorpecen el desarrollo educativo del país. Adelantó que a partir de la próxima semana se iniciará una lucha frontal contra los colegios informales que funcionan en distintos distritos de la capital sin autorización oficial, lo que significaba una pérdida de tiempo y gasto injustificado para los padres de familia.

Diversas municipalidades de los balnearios al sur de Lima continúan incumpliendo recomendaciones de la Dirección General de Saneamiento Ambiental (DIGESA), en perjuicio de la higiene que debiera prevalecer en las playas y poniendo en peligro la salud de los veraneantes. Élmer Quichiz, representante de DIGESA, dependiente del Ministerio de Salud, informó que ese organismo ha declarado aptas para bañarse a la mayoría de playas entre Lima y Cañete, y ha presentado sugerencias para evitar su contaminación, entre ellas entregar bolsas para desperdicios a las familias o grupos que las visitan, instalar depósitos de basura, instalaciones sanitarias portátiles, etc. Por su lado, la superintendenta Sonia Cordero Vásquez dijo que son pocos los municipios que han acogido las recomendaciones; la mayoría de ellos continúa omisos a esas acciones. Asimismo, se ‘olvidan’ de sancionar a quienes impiden el libre acceso a las playas, pese a que la ley establece que “la playa es de todos y para todos”. A lo anterior se suma los cobros indebidos que se efectuaría en otros balnearios, dejando de lado la ordenanza municipal ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que autoriza el cobro por parqueo. Además, está prohibido cobrar por adelantado, pues esto debe hacerse después de prestado el servicio. DIGESA trabaja en coordinación con la Superintendencia de Bienes Nacionales Estatales (SBN), que monitorea los 1,644 kilómetros de playa en los 3,080 kilómetros de litoral con que cuenta nuestro país desde Tacna hasta Tumbes. Los comentarios fueron vertidos en la reunión de trabajo ‘Playas de Lima, accesibles, limpias y seguras’, convocada por el congresista Jaime Delgado Zegarra (NGP), con la finalidad de intercambiar ideas sobre las denuncias por las limitaciones al libre acceso, libre tránsito, falta de limpieza y cobros indebidos en los balnearios de la capital.

EX OFICIALES PNP ASESORARÁN A COMISIÓN INVESTIGADORA El congresista Juan Díaz Dios (FP) presentó a los generales en retiro de la Policía Nacional, César Guardia Vásquez (ex jefe de la DIRINCRI) y Marco Miyashiro, como asesores de la Comisión investigadora sobre el resguardo indebido a Óscar López Meneses. El parlamentario dijo que “estaba alegre” de presentarlos porque son altos oficiales que participaron exitosamente en la captura de Abimael Guzmán y de Vladimiro Montesinos y son garantía de que la comisión va por buen rumbo. Díaz Dios reafirmó que uno de los próximos citados a ese grupo multipartidario será el exgeneral PNP Luis Praeli, quien deberá responder el próximo miércoles 29 sobre el ilegal

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resguardo policial que se dio al operador de Montesinos. Al día siguiente lo harán el coronel PNP Carlos Aguilar y el comandante PNP Juan Fernández Guevara. El primero de ellos fue jefe de la División Territorial Lima Sur y sería el oficial que tuvo a su cargo el cumplimiento de la orden de instalar la vigilancia en el domicilio de López Meneses. Por su parte, el general Marco Miyashiro dijo a LA VOZ DEL CONGRESO que lo convocaron hace dos días como asesor de la comisión investigadora. Su labor será trabajar sobre documentos, pruebas documentales y testimonios que puedan llevar hacia la verdad.