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Página 16/LA NACION

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Jueves 19 de junio de 2008

Allanamientos en una villa de Isidro Casanova

Hay cuatro detenidos por un secuestro Los sospechosos tuvieron cautivo durante seis días al empresario Cayetano De Pascale; tenían dinero del rescate en su poder Por Jesús A. Cornejo De la Redacción de LA NACION LA PLATA.– La policía bonaerense detuvo ayer a cuatro sospechosos acusados de haber organizado y ejecutado el secuestro del empresario Cayetano De Pascale. El industrial, que estuvo seis días secuestrado, había sido liberado el 6 del actual, en la zona del puente La Noria, tras el pago de un rescate de 145.000 pesos. El operativo, que terminó con la captura de los secuestradores, fue realizado ayer por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza, durante una serie de allanamientos en la Villa San Petersburgo, situada en Isidro Casanova. Según informaron fuentes policiales, en ese asentamiento, fue detenido un imputado que habría sido identificado como Jorge Claudio Silva Villafañe, alias “Coco”, de 35 años, al que se le secuestraron 15.000 pesos en efectivo. Justamente ese dinero esta-

ba marcado por los investigadores y correspondía al rescate pagado por la familia del empresario. Además, en poder del detenido, se encontró un boleto de compraventa de 27.000 pesos, como parte de pago de una propiedad. El adelanto de ese boleto firmado habría sido pagado con billetes marcados, que también habían sido utilizados para pagar la liberación de De Pascale.

Llamadas extorsivas Fuentes policiales dijeron ayer a LA NACION que Silva Villafañe habría sido el encargado de realizar las llamadas extorsivas a la familia del empresario. “Tenía pedido de captura por un secuestro de fines del año 2007”, agregaron los informantes. Durante los allanamientos, también fue detenida la esposa de Villafañe, cuyas huellas habrían sido descubiertas por los investigadores en el lugar de cautiverio. Aparentemente, durante el secuestro del empresario, la mujer habría si-

Inseguridad en José C. Paz

Ofrece gasoil como recompensa por datos de un asaltante

ARCHIVO

De Pascale fue secuestrado cuando llegaba a su fábrica, en Aldo Bonzi

do la encargada de cocinar la comida para el empresario cautivo. En el mismo lugar fue detenido el tercer sospechoso, que habría sido identificado por fuentes policiales como Juan Mauricio Rojas, cuñado de Villafañe. Según informaron los investigadores, las huellas de este imputado también habrían sido encontradas en la vivienda, donde estuvo cautivo De Pascale. Los elementos recogidos por los investigadores indicarían que Rojas habría sido el encargado de cuidar a De Pascale. En tanto, la identidad del cuarto sospechoso detenido no trascendió. El empresario, dueño de una fábrica de guantes de cuero, había sido secuestrado el 31 de mayo cuando llegaba a su fábrica, situada en Aldo Bonzi. Allí, tres delincuentes con el rostro cubierto tomaron como rehenes a los operarios de la fábrica y obligaron al empresario a subirse a su automóvil. El vehículo fue hallado a los pocos días en Liniers.

En Ensenada

Marcha hasta el Obispado de San Isidro

Detienen a un médico por abuso infantil

Imprimen afiches con la foto del ladrón Por Valeria Musse De la Redacción de LA NACION Un cartel con la leyenda “Se busca ladrón” es algo nada inusual en el conurbano en tiempos de inseguridad. Pero causa sorpresa cuando lo que se ofrecen son litros de gasoil como recompensa por información sobre el paradero de un delincuente. Eduardo Bajlec es el dueño de una estación de GNC de José C. Paz que el 9 de este mes sufrió un asalto. Una banda de delincuentes tomó por sorpresa a los playeros que allí trabajaban y les robó el dinero recaudado. En las cámaras de video del lugar quedó grabada la imagen de uno de los delincuentes. Bajlec no quiso que el hecho quedara impune y decidió imprimir afiches con la imagen del ladrón para saber si algún cliente de la zona lograba reconocerlo. “Para llamar la atención, un cliente me aconsejó que, ya que está faltando gasoil, ofreciera como recompensa algunos litros de ese combustible”, relató el propietario a LA NACION. Debido a la falta de combustible que sufren las estaciones de servicio, el gasoil se ha convertido, últimamente, en un bien preciado, casi imposible de conseguir. El hecho se produjo hace una semana, cuando varios delincuentes ingresaron en la estación y, tras salir del ba-

ño, golpearon en la cabeza con la culata de un arma a Raúl, uno de los playeros damnificados, cuando se resistió a entregarles el sobre con la recaudación. La víctima no supo informar a los investigadores cuántos eran los ladrones, que luego subieron a una moto y se escaparon con el dinero. “Se notaba que era una banda organizada”, dijo Raúl a LA NACION, que también contó que un policía se bajó del patrullero para ir al baño, donde supuestamente estaba uno de los malhechores, y volvió al móvil sin advertir que el hombre que estaba en el baño tenía un arma. Bajlec se enteró, por medio de un empleado, de que la moto en la que luego huyeron los ladrones, previamente había dado dos vueltas por la estación de servicio y el conductor había preguntado a la playera si el quiosco del lugar estaba cerrado por reformas. Según explicó el damnificado, aún sorprendido por la repercusión de su iniciativa, la inseguridad y la falta de gasoil hacen de José C. Paz “un lejano oeste nacional”. Por eso, decidió colocar el cartel en una de las bocas de expendio. “Lo hice para llamar la atención de los clientes y para que no quedara impune el hecho. Muchos me han dicho que el hombre les resulta conocido de la zona”. La denuncia fue radicada en la comisaría de José C. Paz, que aún no tiene novedades sobre los ladrones.

La familia De Pascale recibió una primera llamada de parte de los secuestradores, en la que exigieron 400.000 pesos en efectivo para liberarlo. Durante los seis días que De Pascale estuvo cautivo, los malvivientes hicieron seis llamadas. Todas las comunicaciones se realizaron al celular de Pablo, el hijo del empresario. Este fue el encargado de negociar el pago del rescate. Fue así como el negociador de la banda ordenó al hijo del empresario que se dirigiera hacia el Mercado Central para arrojar el bolso con los 145.000 pesos que finalmente había conseguido reunir. La instrucción era precisa: dejar el dinero junto a un paredón lindero con una villa de emergencia. Pablo obedeció. Dejó el bolso con los 145.000 pesos y, a las 2.30, recibió una nueva llamada, en la que el mismo secuestrador le avisaba que su padre había sido liberado en la localidad de Ingeniero Budge. El empresario fue encontrado deambulando minutos después de las 3, cerca del puente La Noria.

El padre de una víctima lo denunció

GRUPO 44

La cruz que encabezó la movilización y el rezo para que el sacerdote José Mercau vaya a juicio

Protesta para pedir que un cura vaya a juicio Está acusado de los delitos de violación y abuso sexual Decenas de manifestantes caminaron las seis cuadras de distancia entre los tribunales y el Obispado de San Isidro y rezaron el Padrenuestro. En sus oraciones pedían que el sacerdote José Mercau, acusado de abuso sexual, sea sometido a juicio. La marcha, que se realizó ayer en la mañana, fue encabezada por dos manifestantes que cargaban una gigantesca cruz con la leyenda: “De la Iglesia. En el nombre del Padre”. Mercau está procesado por los delitos de violación y abuso sexual. Los hechos habrían ocurrido en el Hogar San Juan Diego, situado en la localidad de López Camelo, en el partido bonaerense de Tigre, donde el sacerdote cumplía su labor religiosa.

“Marchamos para que haya justicia y que Mercau no entorpezca, con sus presentaciones judiciales, la realización del juicio. El está acusado de cinco hechos”, dijo a LA NACION Laura, una de las manifestantes que trabaja en la parroquia San Juan Bautista, en López Camelo.

Oración Cuando llegaron al Obispado, los manifestantes entregaron a un colaborador una oración donde le piden a Mercau que se someta a juicio. “La intención es que monseñor Casaretto se la haga llegar a Mercau”, agregó Laura, que a partir de los presuntos abusos comenzó a trabajar en la parroquia de San Juan Bautista para ayudar a las víctimas. El hogar San Juan Diego fue ce-

rrado en diciembre pasado. “Allí concurrían chicos, algunos de ellos víctimas de delitos sexuales”, agregó la mujer. Entre otras cosas, los manifestantes, que denunciaron que la causa está parada desde 2005, pidieron que “el sacerdote Mercau, con la ayuda de Nuestro Señor Jesucristo, se arrepienta de todo el dolor que ha causado, viva la conversión y despoje de si las perversiones que padeciere, asumiendo su responsabilidad”. Según fuentes con acceso al expediente, el 27 de mayo pasado, el sacerdote Mercau fue dejado en libertad por el juez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari. Antes había estado bajo el régimen del arresto domiciliario en un monasterio de Los Toldos, agregaron los voceros consultados.

LA PLATA.– Bajo la acusación de haber abusado sexualmente de varias niñas de entre 11 y 14 años de edad a cambio de dinero, la policía detuvo a un médico de 55 años en la vecina ciudad de Ensenada. La captura del profesional se concretó anteanoche, a partir de la denuncia presentada por el padre de una menor de 11 años, quien había desaparecido de su hogar durante unas cinco horas en la tarde del sábado pasado. El denunciante precisó que cuando su hija retornó a su hogar, confesó haber permanecido en la vivienda del médico, situada en la calle 123 entre 36 y 37, en el barrio El Dique, de Ensenada. En tanto, los padres de otras niñas, domiciliados en las cercanías, también acusaron al profesional de abusos sexuales. Como consecuencia de la gravedad de las denuncias, la fiscal Leila Aguilar, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial de La Plata, ordenó el allanamiento de la finca. Fue así como en el domicilio del médico, donde también funcionaba su consultorio, se hizo presente personal de la comisaría 3a. de Ensenada, a cargo del capitán Oscar Desiderio, oportunidad en la que se detuvo al imputado, en tanto que se caratuló la causa como corrupción de menores. Hasta ahora, de acuerdo con los dichos de los testigos recogidos por la Justicia, pudo establecerse que el hombre llevaba a las niñas hasta su casa, y luego de entregarles dinero en efectivo, las obligaba a beber cerveza, ingerir pastillas y bailar frente a él, tras lo cual las manoseaba y se masturbaba.

Un joven de 22 años, que vivía en San Martín

Murió atropellado durante una picada Los familiares de la víctima y la Justicia buscan testigos que declaren en la causa Por Gabriel Di Nicola De la Redacción de LA NACION

El cartel que el comerciante repartió con la imagen del sospechoso

Se llevan $ 30.000 en La Plata

Otra salidera bancaria LA PLATA.– Un grupo de delincuentes le robó más de 30.000 pesos en efectivo a un médico al que, aparentemente, siguieron en moto desde una sucursal bancaria porteña, donde había cobrado varios cheques, hasta el centro de esta ciudad. El hecho ocurrió anteayer y, según la hipótesis policial, se inició a la salida de la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, donde Leonardo Busso, un médico de 40 años residente en la localidad de Gonnet, cambió varios cheques

a su nombre por dinero en efectivo: unos 32.000 pesos. Los investigadores creen que los delincuentes “ficharon” al facultativo en ese momento. Luego, Busso subió a su automóvil y emprendió el camino hacia La Plata sin advertir que era seguido por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas. Cuando estacionó su vehículo en pleno centro platense, los delincuentes lo recibieron con un puñetazo en el rostro y le robaron el maletín con el dinero.

Matías Cardozo, de 22 años, salió de su casa, en San Martín, para comprar una tarjeta telefónica y poder hablar con su novia. Eran las 22.45 del lunes pasado. Detuvo su marcha en el semáforo de Presidente Perón y Alvear. Antes de cruzar la calle fue embestido por un automóvil que corría una picada. Murió en el acto. Ayer, los familiares y allegados a la víctima, que era profesor de educación física y conocido en el barrio con el apodo de “Pato”, realizaron una marcha para pedir que las personas que hayan sido testigos del hecho se presenten y declaren en la causa, ya que, al cierre de esta edición, no se había podido identificar el vehículo ni el conductor que atropellaron al joven. El caso es investigado por el fiscal Federico Domínguez y por personal de la comisaría 1a. de San Martín. “Lo atropellaron y los autos que corrían la picada no frenaron para auxiliarlo. «Pato» murió en el acto. Alguien tiene que saber algo. Acá nos conocemos todos”, dijo a LA NACION, muy conmovida, Ayelén Cardozo, hermana de la víctima.

Hoy, la familia de Cardozo realizará una nueva movilización. A las 19, marcharán desde el lugar del accidente, en Tres de Febrero y Alvear, hasta la comisaría 1a. de San Martín, en ruta 8 y Mitre. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que en el lugar donde murió Cardozo se secuestró parte una

óptica del vehículo que lo atropelló. “Estamos buscando en diferentes talleres mecánicos de la zona donde hayan podido llevar a arreglar el automóvil involucrado en el hecho”, explicó un vocero judicial consultado por LA NACION. La fuente agregó: “La picada, en la que habrían intervenido dos

HERNAN ZENTENO

Allegados a Matías Cardozo, durante la marcha de ayer

automóviles, está confirmada. Hay testigos que vieron el accidente y el momento en que la víctima fue atropellada, pero no pudieron observar las chapas patentes de los vehículos por la gran velocidad a la que circulaban”.

Ley y testimonios La presidenta de la organización Madres del Dolor, Vivian Perrone, acompañó a la familia de la víctima. “Estos hechos siguen ocurriendo porque los jueces no aplican la ley que determinó que las picadas son delitos. Además, los policías no les dan importancia y dejan que se pierdan los testimonios clave del hecho”, dijo a LA NACION Perrone. En marzo pasado, el Congreso Nacional sancionó una ley que incluyó las picadas de automóviles en el Código Penal. Hasta la aprobación de la nueva norma, la participación en competiciones ilegales de autos o motos era considerada una contravención y una infracción de tránsito, sancionadas con multas. La escala penal contemplada por la ley va de seis meses a tres años de prisión, por lo que el delito es excarcelable, salvo que el responsable del hecho tuviera alguna condena previa.