Habilitan a Patti para ser candidato

26 may. 2009 - Fernández, el asesinato de Gastón. Gonçalves, las ... presidente hacer valer su mudanza a la quinta de ... Cristina Kirchner: “Tenemos en.
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POLITICA

Martes 26 de mayo de 2009

ELECCIONES 2009

I

La discusión se concentra en los tribunales

5

Faltan 33 días

Habilitan a Patti para ser candidato Lo decidió el juez electoral Manuel Blanco porque no tiene condena; el ex comisario está preso en la cárcel de Marcos Paz desde 2007 EL ESCENARIO

MARIA JOSE LUCESOLE LA NACION LA PLATA.– El ex comisario Luis Abelardo Patti, procesado con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz por delitos de lesa humanidad, fue habilitado ayer por el juez federal con competencia electoral, Manuel Humberto Blanco para presentarse como candidato a diputado nacional el 28 de junio próximo. Blanco consideró que “no existiendo condena alguna” en contra de Patti “ resulta claro que la impugnación impetrada no encuadra en las previsiones objetivas normadas en la ley de la materia para prohibir la postulación de un candidato”. La resolución judicial, que rechazó siete impugnaciones presentadas contra Patti, fue adoptada días después de que la Cámara de Diputados de la Nacion aprobara, y girara al Senado, un proyecto de ley para prohibir a los acusados de violaciones a los derechos humanos ser candidatos y ocupar cargos público. Familiares de las víctimas del terrorismo de Estado que habían impugnado a Patti dijeron a LA NACION que apelarán el fallo ante la Cámara Nacional Electoral. “Blanco clausuró un debate sobre la participación electoral de personas ligadas a la última dictadura militar, que la Corte Suprema de Justicia había propiciado para esta instancia previa a la elección”, dijo el abogado del CELS, Diego Morales. “Si Patti llega a ser diputado podría obtener fueros para eludir la justicia penal y quedar libre”, agregó Manuel Gonçalves, hijo de una víctima, que promovió una de las impugnaciones e impulsó una de las causas por las que irá a juicio oral el ex intendente de Escobar. “Yo esperaba esa resolución porque la Constitución y la ley electoral son muy claras. El fallo deja en evidencia el error que cometió la Cámara de Diputados”, dijo Patti a LA NACION desde la cárcel. El juez electoral desestimó las objeciones sobre la idoneidad moral de Patti. “En el análisis de la idoneidad de cada uno de los candidatos presentes en las ofertas electorales, el ciudadano habrá de preferir a algunos en detrimento de otros. Resulta por tanto obligación inexcusable de la justicia electoral permitir que esas ofertas en tanto cumplan con los requisitos legales, se expresen debidamente a fin de que puedan ser evaluadas por el electorado”, sostuvo el magistrado. Patti está procesado y detenido en el penal de Marcos Paz desde el 22 de noviembre de 2007, acusado de haber participado en homicidios,

LUIS ABELARDO PATTI EX COMISARIO DE LA BONAERENSE

Está preso en la cárcel de Marcos Paz desde el 22 de noviembre de 2007 acusado de haber cometido violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura. Ya había sido elegido diputado en 2005, pero la Cámara de Diputados se negó a tomarle juramento. torturas, privaciones de la libertad y allanamientos ilegales durante la última dictadura. Será juzgado por un tribunal de San Martín. Patti celebró el fallo desde la cárcel: “Vamos a iniciar una campaña. Si bien hoy tenemos seis puntos de intención de voto lo vamos a incrementar en la primera y tercera sección electoral, que son las que más nos interesan. Haremos una campaña con limitaciones económicas, pero soy una figura conocida”, dijo. El ex comisario, que encabezará las listas de Alianza con Vos Buenos Aires y Modin, agregó: “Yo fui toda mi vida policía en Escobar. Gané siempre las elecciones allí. Demostré mi idoneidad. Me votaron donde fui policía, donde me conocen. Estoy preso por hechos que no cometí”. De acuerdo con la acusación penal Patti está detenido por los secuestros de Diego Muñiz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico, y la detención de Osvaldo Arriosti. Todos estos hechos se registraron entre 1976 y 1977, cuando Patti era oficial subinspector de la Policía Federal y trabajaba en la comisaría de Escobar. Dos años antes de ser detenido, en octubre de 2005 Patti fue elegido diputado por Paufe, pero, en 2006, la Cámara de Diputados de la Nación le impidió asumir argumentando que carecía de “idoneidad moral” para ser legislador. La Corte revisó esta decisión y expresó que la instancia del debate sobre la idoneidad de los candidatos debe ser previa a los comicios.

Una campaña que deja de lado a la política GABRIEL SUED LA NACION

MARIANA ARAUJO

De Narváez, Macri y Solá, ayer, durante la conferencia de prensa en el Centro Asturiano de Vicente López

La alianza Unión-Pro reclamó acabar con la “violencia política” Denunció al kirchnerismo por hacer “trampas” y también criticó a la justicia electoral HERNAN CAPPIELLO LA NACION Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Felipe Solá se reunieron ayer en una cumbre para reclamar el fin de “la violencia en la política”, denunciar “trampas” en la campaña y criticar a la justicia electoral por haber excluido de sus listas de postulantes a cinco candidatas a diputadas nacionales bonaerenses. “Todo esto obedece a que Néstor Kirchner tiene miedo de perder las elecciones. Que aparezca un señor Fernando Narváez en una lista con un partido ignoto que exhibe recursos imposibles, para confundir; que nos prendan fuego locales o nos los tiroteen; que haya aparecido incendiada una gigantografía en la Autopista Buenos Aires-La Plata. Tenemos que parar esta violencia política”, descargó De Narváez. El trío se reunió en el Centro Asturiano de Vicente López. Primero De Narváez se mostró en un escenario junto con Felipe Solá ante 400 militantes para presentar a candidatos a concejales y senadores provinciales. Hubo folklore de Unión-Pro, con globos rojos y amarillos, pero al final

el público cantó a cappella la marcha peronista. Felipe Solá, de paso, aprovechó para mencionar a Juan Domingo Perón en su discurso. De Narváez fue más allá, y habló del final del período electoral de Cristina Kirchner: “Tenemos en nuestro espacio político hombres que tienen capacidad de sobra para presidir la Nación en 2011”, un lugar que la Constitución le veda, por su calidad de extranjero. La más aplaudida en el acto en el gimnasio del club fue la candidata Ester Barrionuevo, hermana del gastronómico Luis Barrionuevo. Ante los periodistas, Mauricio Macri se sumó a De Narváez y a Solá, y bromeó acerca de que se sentía “proscripto”, porque, cuando quiso empezar a hablar, un acople en el micrófono se lo impidió. Pero luego, y en serio, dijo estar “preocupado” por la exclusión que dispuso el juez federal Manuel Blanco de las candidaturas de Claudia Rucci y de otras cuatro postulantes bonaerenses. “El mismo juez que antes habilitó las candidaturas de Kirchner y de [Daniel] Scioli, ahora se pone riguroso en exceso y comete errores”, se quejó Macri. Aunque no pudo asegurar

que el fallo estuviera motivado en una presión del Gobierno. Solá, en cambio, dijo que “no es un incumplimiento importante” y que “es sólo una pequeña nimiedad”. Además de Rucci, las otras candidatas cuestionadas son Silvia Majdalani, del macrismo; Natalia Gambaro, del espacio de De Narváez; Silvia Lospennato, cercana al duhaldista Alfredo Atanasof, y Ana María López, del felipismo. “Es increíble desde el punto de vista del sentido común la decisión de la justicia electoral. Por supuesto que las candidatas tienen los papeles en orden”, las defendió Macri. Gustavo Ferrari, jefe de campaña de De Narváez, anticipó: “Se intentará habilitar a las cinco candidatas cuestionadas. Y, en caso contrario, se ascenderán a las mujeres que siguen para poder completar el cupo, o se hará renunciar a candidatos hombres para que la lista quede equilibrada”. “No me gusta cómo se viene manoseando la elección. Bajemos los decibeles de agresión y hablemos de propuestas”, reclamó De Narváez. Macri dijo que era una “trampa” la postulación del casi homónimo Narváez, candidato del Partido para

la Acción Solidaria Independiente Bonaerense (Pasib), que presentó boletas casi idénticas a las de Unión-Pro. El trío defendió la documentación que presentaron sus candidatas ante la Justicia para justificar sus domicilios bonaerenses. Incluso ayer Claudia Rucci presentó en el juzgado platense de Blanco guías telefónicas que evidencian que vivió siempre en su casa de Parque Leloir, El juez, por radio, anticipó que con esa documentación, que no estaba incorporada al expediente cuando la excluyó, no tendría problema en oficializar su postulación. Claro que ya falló en sentido contrario. Ahora hay dos caminos: que la Cámara Nacional Electoral, al revisar el fallo, analice estas nuevas pruebas y, eventualmente, le de la razón a Rucci, o que Blanco revea, de oficio, su propia decisión. A las otras postulantes se les hace más difícil probar que viven en Buenos Aires, y será el tribunal de apelación el que decida su caso. Por ejemplo, Majdalani, legisladora porteña, presentó un contrato de alquiler de una casa en un country en Pilar, y Lospennato, una escritura de una casa en Francisco Alvarez.

Discuten cómo se prueba la residencia La ley dice que “cualquier medio de prueba”, excepto los testigos, servirá para demostrar la residencia exigida a los candidatos que pretendan representar a un distrito en el que no nacieron. Anteayer, el juez Manuel Blanco afirmó que Claudia Rucci y otras cuatro candidatas de Unión Pro no habían probado su residencia en la provincia de Buenos Aires. Su fallo generó una fuerte polémica. ¿Fue demasiado estricto? Los juristas tienen opiniones encontradas. La presidenta de Poder Ciudadano, Delia Ferreira Rubio, especialista en derecho electoral, cree que el juez

está obligado a ser severo. “Debe estar absolutamente convencido de que se probó la residencia. La ley se lo pide –afirmó–. Hay que ver cada caso, pero no basta un simple contrato de alquiler ni tampoco el pago de un servicio para acreditarla.” Ferreira Rubio explicó que la residencia es un concepto vinculado con la ley civil: es el lugar habitual en el que una persona vive y tiene la sede principal de sus negocios y su familia. “En el caso de Silvia Majdalani, que sólo tiene un contrato de alquiler en un country, es claro que no alcanza”, afirmó. Majdalani, que es legisladora porteña, presentó como

prueba un contrato de alquiler de una casa en el country Tortugas. El constitucionalista Gregorio Badeni sostiene que Blanco debería haber sido más flexible. Al menos, en el caso de Rucci. “Se trata de reconocer un derecho político. La ley lo deja a criterio del juez, pero justamente por eso su apreciación no debe ser restrictiva”, afirmó. Badeni sostuvo que, según lo publicado por los medios, la decisión de Blanco en el caso de Rucci fue “manifiestamente arbitraria”. Según el fallo del juez, ella presentó sólo dos pruebas válidas: dos facturas telefónicas, una de diciembre de 2007 y otra

de enero de 2008, ambas impagas. A Blanco no le resultaron suficientes. “Si presentó facturas telefónicas a su nombre, eso genera una presunción de que residía en la provincia –dijo Badeni–. El caso de Majdalani es diferente. Tengo mis dudas.” Ahora, el caso pasará a la Cámara Electoral, que revisará el fallo. En Unión Pro están preocupados. No queda tiempo: el viernes vence el plazo para presentar las boletas. “Está en juego el ejercicio de un derecho político. En el peor de los casos, si la Cámara hace lugar a la apelación más tarde, las boletas se harán de nuevo”, dijo Badeni.

¿Puede una legisladora porteña acreditar su residencia en la provincia de Buenos Aires con un mero contrato de locación? ¿Puede un ex presidente hacer valer su mudanza a la quinta de Olivos, al evidente efecto de prestar un servicio federal, para demostrar el arraigo que le reclama la ley? ¿Qué trascendencia legal tiene que un empleado de un candidato haya llamado hace tres años por teléfono al máximo acusado en una escandalosa causa por contrabando? En las últimas semanas, éstos y otros interrogantes ajenos a la política tomaron por asalto la campaña electoral y se transformaron en ejes obligados del debate proselitista. A las acusaciones contra Francisco de Narváez por sus supuestas vinculaciones con el tráfico de efedrina siguieron las impugnaciones contra las candidaturas “testimoniales” del kirchnerismo y la inhabilitación de cinco candidatas de Unión-Pro en la provincia de Buenos Aires. Al margen de que estas cuestiones tengan mayor o menor gravedad y de que todas puedan merecer la intervención de la Justicia, tienen un efecto innegable: desalojan a la política del centro de la escena electoral, la colocan en un lugar subsidiario del Derecho y lo hacen justo antes de las elecciones, un acontecimiento político por excelencia.

Los candidatos prefieren subir las escalinatas de Tribunales a caminar en las tierras movedizas de la política Como parte de una estudiada estrategia, u obligados por las circunstancias, buena parte de los candidatos prefieren subir a paso rápido las escalinatas de los tribunales a caminar en las tierras movedizas de la política. Más allá de las particularidades de cada caso, las tácticas de los equipos de campaña parecen perseguir una misma finalidad: buscar en la Justicia una instancia de neutralidad, de objetividad, por encima de la conflictividad de la política. Ante el desdibujamiento de los partidos, la judicialización de la política se presenta como un recurso atractivo. Permite que la identidad propia y la del adversario se construyan no ya sobre la base de criterios políticos y posiciones ideológicas, sino sobre el eje legal/ilegal. Pero en ese cambio de terreno la política pierde su autonomía y se deja invadir por códigos judiciales. En el mismo movimiento, la Justicia también sufre un copamiento, con un resultado igual de dañino: la pérdida de legitimidad como espacio neutral. Cuando faltan menos de 35 días para las elecciones, la política espera, ansiosa, su turno. La adhesión o el rechazo a la nacionalización de empresas privadas, las políticas de desarrollo social para terminar con la pobreza, el papel que debe asumir el Estado ante el avance de la crisis económica pelean por un lugar en el escenario electoral.

Un magistrado con alto perfil Manuel Blanco lleva 25 años como juez electoral del distrito bonaerense LA PLATA.– Manuel Humberto Blanco tiene 67 años y desde 1984 se desempeña como juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. En los últimos días, ha sido el centro de duras críticas de distintos sectores de la oposición: no sólo por habilitar la postulación del ex presidente Néstor Kichner y del gobernador Daniel Scioli; también por excluir a cinco candidatas de Unión-Pro y rechazar las impugnaciones contra la candidatura de Luis Abelardo Patti, el ex comisario que está preso en la cárcel de Marcos Paz, acusado de delitos de lesa humanidad. Blanco estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-

nal de La Plata, de donde egresó a mediados de los 60. A partir de ese momento comenzó su carrera como abogado. En 1972, fue procesado por encubrimiento de un secuestro extorsivo. Pero fue absuelto por duda. En 1984, tras se nombrado juez federal, comenzó su labor en la justicia electoral. Desde entonces no fueron muchas las impugnaciones que tuvo que resolver. En 2005, desestimó el pedido cautelar del Partido Socialista y de la UCR para impedir la oficialización de las candidaturas de Cristina Fernández de Kirchner y de Hilda González de Duhalde. Esos partidos impugnaron al Frente para la Victoria y el PJ, divididos por ese entonces, que lo acusaron de separar la oferta

electoral para quedarse con las tres bancas de senadores nacionales en disputa en ese distrito. Blanco rechazó el pedido luego de que Néstor Kirchner alegó una “proscripción” de la lista que encabezaba su esposa. El justicialismo se quedó con el 63% de los votos y las tres bancas. En las elecciones presidenciales de 2007 admitió irregularidades: “No es normal el desarrollo de los comicios porque hubo denuncias durante todo el día por falta de boletas”. También se desempeño como juez federal en casos que llamaron la atención pública, como la desaparición de Julio Jorge López y el secuestro de Antonio Echarri (padre del actor Pablo Echarri).

ARCHIVO

Manuel Humberto Blanco, en los pasillos de su juzgado