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POLÍTICA

| Sábado 4 de octubre de 2014

SUBE: avances en la investigación por irregularidades

El trío de funcionarios señalados

El juez Torres ordenó medidas que apuntan al ex funcionario Schiavi y al británico Chandler Iván Ruiz LA NACION

florencio randazzo

amado boudou

diego bossio

ministro del interior

vicepresidente

titular de la anses

Fue imputado por favorecer a la firma Dinatech, de los hermanos Wassi, con contratos relativos a los DNI, pasaportes, licencia de conducir y un call center, entre otros

La denuncia señala que, como gerente de la Anses, contrató como proveedor a una empresa acusada de ser favorecida por el ministro Florencio Randazzo

Habría favorecido a la firma porque actualmente se dedica a realizar el servicio técnico de las notebooks del plan Conectar Igualdad, entregadas por la Anses

Imputan a Randazzo, Boudou y Bossio por una firma contratista

denuncia. Un fiscal investiga los negocios con el Estado de la empresa Dinatech, cuyo

patrimonio creció 1024%; fue contratada varias veces por el ministro del Interior Hernán Cappiello LA NACION

Un fiscal federal imputó ayer al ministro del Interior, Florencio Randazzo, al vicepresidente Amado Boudou y al titular de la Anses, Diego Bossio, por la supuesta vinculación entre el crecimiento económico de la empresa Dinatech y los negocios que hizo con el Estado. La denuncia fue realizada por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa a partir de una investigación del diario Perfil. El caso recayó por sorteo en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que la envió al fiscal Ramiro González. En su requerimiento, al que accedió la nacion, el fiscal señaló “las condiciones personales del imputado”, mencionó a Randazzo, a Boudou y a Bossio. Además a la ex funcionaria del ministerio Lourdes Giménez y a los empresarios Eduardo Wassi y Edgardo Wassi. La investigación periodística

menciona que la empresa de los hermanos Wassi, Dinatech, fue favorecida por Randazzo, Bossio y Boudou como proveedora de insumos y servicios, lo que le permitió incrementar su patrimonio 1024 veces. La denuncia señala que hubo contratos tanto en la provincia de Buenos Aires, cuando Randazzo era ministro de Gobierno, como luego en el Ministerio del Interior. Mencionó en ese sentido una contratación para la dirección de Migraciones por $ 17,5 millones. La presentación indica que Wassi instaló las terminales y centros de atención para el nuevo DNI y pasaporte, equipó las camionetas para hacer esos trámites y colocó las instalaciones para ofrecer los documentos en shoping centers. Además indica que tiene el call center y las carteleras informáticas del Ferrocarril Sarmiento y negocios con las camionetas donde viajan los radares de control de tránsito de la Agencia de Seguridad Vial, que de-

pende del Ministerio del Interior. Con respecto a Boudou, indicó la denuncia que Dinatech se convirtió en proveedor de la Anses cuando el vicepresidente era gerente del organismo, y que su crecimiento en los negocios se produjo cuando la empresa se dedicó a prestar el servicio técnico de las notebooks entregadas mediante el plan Conectar Igualdad. La denuncia menciona que la firma este año facturó 38 millones de pesos. Además “ganó una parte del piso tecnológico del plan” por 87 millones de pesos. Con estos datos, el fiscal Ramiro González le pidió al juez que la Inspección General de Justicia le informe sobre todas las sociedades donde tengan o hubieran tenido participación los hermanos Wassi, los registros de esas empresas y de las firmas Dinatech y Nueva Alternativa SA. También pidió las licitaciones donde hubieran intervenido esas empresas y toda otra de los Wassi

tanto en el Ministerio del Interior como en la Anses, o Migraciones. Quiere saber el fiscal qué licitaciones se adjudicaron, por qué montos, cómo se hicieron y en qué fueron aplicados los fondos. A la AFIP le pidió una radiografía comercial de los Wassi y de Lourdes Giménez. Allegados a Randazzo rechazaron la acusación. Dijeron a la nacion que “se trata de una operación política sobre la que se montó la presentación de Mussa, que es un denunciante serial”. Colaboradores del ministro negaron tener vinculación con la empresa mencionada por la investigación de Perfil. En el entorno del Randazzo, que se encuentra anotado en la carrera presidencial, destacaron su disposición para aportar la información requerida por la Justicia. Indicaron que la denuncia carece de sustento, que no hay vínculos entre Randazzo y los Wassi, y que la empresa es una mas de los miles de proveedores que tiene el ministerio.ß

Stephen Chandler está lejos de la Argentina. El consultor inglés, que vive en Londres, no volvió al país desde que estalló el escándalo que terminó con la cancelación del contrato para controlar la SUBE. Pero ahora tendrá que preocuparse por lo que suceda aquí: el británico quedó en la mira de la Justicia, que impulsó esta semana una batería de medidas para agilizar el expediente que investiga irregularidades en la consultoría por $ 65 millones que ejecutó la Secretaría de Transporte, en ese momento a cargo de Juan Pablo Schiavi, con financiamiento del Banco Mundial. El juez federal Sergio Torres requirió a las autoridades de Gran Bretaña que informen sobre los antecedentes comerciales del consultor en ese país, con la intención de determinar si la experiencia que había acreditado como experto ante la Secretaría de Transporte era realmente válida. El magistrado pidió que informen sobre los movimientos migratorios del consultor entre 2009 y 2012, el período en que transitaba la Argentina. El contrato que pagaba Transporte estipulaba medio millón de dólares para “viajes y viáticos”. Chandler era el jefe de la supervisión de la SUBE hasta que el Gobierno decidió suspender el contrato el 12 de julio de 2012, a raíz de una investigación de la nacion, que reveló numerosas irregularidades. El consultor inglés cobraba un sueldo de casi US$ 40.000 mensuales, de acuerdo con los números que aparecían en el contrato que ejecutó la UTE integrada por Global Infrastructure y sus socios argentinos IRV, Iatasa, que aportó documentación a la Justicia, y González Fischer. Desde ese momento, Chandler no volvió a la Argentina por recomendación de su abogado. Sen-

tado en un bar de la City de Londres, intentó desligarse de culpas y acusó a Schiavi, Andrés Pizarro (funcionario del Banco Mundial) y Nora Turco (ex funcionaria de Transporte) de “orquestar” la licitación. El resto de las medidas ordenadas por el juez deja en observación la actuación de los funcionarios públicos, en especial de Schiavi, que firmó la adquisición del contrato. La Justicia intentará determinar si existieron irregularidades en la licitación, en el procedimiento administrativo ejecutado por la Secretaría de Transporte. Ordenó un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre el expediente. El juez Torres también pidió una pericia contable sobre el contrato para determinar si el comité de evaluación –integrado por funcionarios de Transporte– fue criterioso a la hora de sugerir una contratación $ 10 millones más cara. Y requirió si el nivel de desembolso del Estado fue correcto de acuerdo con el tiempo que estuvo en vigor el contrato. Según pudo saber la nacion, la UTE cobró, además de las erogaciones mensuales, el 10% del total del contrato en concepto de “adelanto financiero”, por $ 4,5 millones más US$ 450.000.ß

Murió el ex juez Torlasco ^b^b^ El ex juez Jorge Torlasco, que integró la Cámara Federal que condenó en 1985 a las Juntas Militares, falleció ayer, a los 79 años. Egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, se graduó de abogado en la UBA y en 1983, durante el gobierno de facto, declaró inconstitucional la ley de autoamnistía dictada por los militares. Tras el juicio a las Juntas, renunció en 1986 y en los últimos años ejerció la abogacía en un estudio privado, junto con León Arslanian.

Malestar de jueces por críticas de Capitanich

Otro kirchnerista se suma al Consejo de la Magistratura

inseguridad. El jefe de

uno de los fundadores de Justicia Legítima

recambio. Por los académicos, fue elegido

Gabinete había cuestionado a Lorenzetti

Hernán Cappiello MAR DEL PLATA.– Empezaba la jornada de cierre del VI Congreso Nacional de Jueces cuando por teléfono, vía redes sociales, los participantes se sorprendían con las palabras del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien cuestionó al Poder Judicial por falta de eficiencia en la gestión, acusó a sus miembros por el privilegio de no presentar declaración de bienes, como los funcionarios, y los sacudió con una pregunta cargada de provocación: “¿Por qué los jueces no pagan Ganancias?” Semejante reacción del Gobierno no ameritaba doble lectura en los pasillos del Hotel NH Provincial, donde se desarrollaba el encuentro. Era la réplica oficial por las críticas que anteayer, en la apertura de este congreso, había lanzado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por falta de políticas de Estado para atender problemáticas cruciales, como la inseguridad, el narcotráfico, además de marcar la demora en la designación de jueces y alzar la voz en defensa de la plena independencia judicial. “¿Por qué, con el mayor presupuesto para la Justicia en los últimos 30 años, no existe un correlato de eficiencia en la gestión?”, desafió Capitanich, bien temprano desde la Casa Rosada. Y abría comentarios y rechazos entre la mayoría de los 500 jueces participantes de este cónclave. Incluso en uno de los paneles realizados ayer, donde los asistentes tuvieron micrófono abierto para plantear el estado de situación y quejas particulares y generales del sistema judicial, hubo reclamos y dedos apuntados al Gobierno. Por ejemplo, unos $ 1200 millones que el Poder Ejecutivo adeuda al Poder Judicial por inversiones en infraestructura.ß Darío Palavecino

LA NACION

Los autos dañados fueron abandonados al costado de la ruta 3

imagen de tv

Agredieron a un equipo de la BBC y lo expulsaron de Tierra del Fuego malvinas. Manifestantes apedrearon a los periodistas por circular con

patentes alusivas a la Guerra; los funcionarios justificaron la reacción

Un confuso episodio se vivió ayer en Tierra del Fuego cuando miembros de un programa de la cadena de televisión británica BBC fueron agredidos a piedrazos por manifestantes y expulsados de la provincia tras haber recorrido parte del territorio con automóviles con patentes como la 982 FKL, que fueron relacionadas con el nombre que los ingleses dan a las islas Malvinas (Falklands) y el año de la Guerra. Luego de que se difundió la noticia, algunos funcionarios fueguinos justificaron la reacción de los pobladores ante lo que consideraron una “provocación” por parte de los integrantes del programa televisivo Top Gear, quienes afirmaron que la matrícula era “una coincidencia”. Uno de los funcionarios que expresaron ayer su rechazo a la actitud de los británicos fue el senador

nacional por Tierra del Fuego Julio Catalán Magni (FPV), quien señaló que “la gente de la BBC vino para burlarse de nosotros”, y advirtió: “El tema Malvinas se vive con especial sensibilidad en nuestra provincia”. Además, el legislador apuntó que el accionar “debiera tener una enérgica condena por parte del gobierno de ese país y algún tipo de condena social para frenar estas provocaciones”. En este sentido, el secretario de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Ushuaia, Juan Manuel Romano, coincidió en que los británicos vinieron a “mofarse” y en declaraciones al canal TN dijo sentirse “orgulloso de cómo reaccionó, en términos pacífico, la gente de la provincia”. Los ciudadanos extranjeros salieron ayer por el paso fronterizo alternativo Radman, rumbo a Chile, luego de que no se les permitiera el ingreso a

la ciudad de Ushuaia, tras haber sido declarados “personas no gratas” por la Municipalidad de Río Grande y haber sido apedreados en la ciudad de Tolhuin. Un integrante del programa sufrió heridas leves y los automóviles fueron abandonados con algunos daños a un costado de la ruta 3, a la altura del cabo San Pablo. El malestar de los fueguinos también respondió a que algunas de las patentes de los vehículos parecían hacer referencia además a los números de bajas durante la Guerra de Malvinas. Un numeroso grupo de manifestantes, entre ellos integrantes del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, gremios como la UOM y el Satsaid y el partido Movimiento Solidario Popular, además de vecinos de la zona, cortaron la ruta 3 para repudiar la presencia de la delegación extranjera.ß

Otro consejero cercano al kirchnerismo fue elegido ayer para integrar el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y remover magistrados. Casi en secreto, y sin que la noticia recibiera mucha difusión, fue designado anteayer el representante del estamento de los académicos: Jorge Daniel Candis, que además de ser profesor es juez laboral. Candis fue nombrado por el Consejo Interuniversitario Nacional, integrado por los rectores de las universidades nacionales y es miembro fundador de Justicia Legítima, el grupo de jueces, fiscales y funcionarios que comparten buena parte de las políticas del Gobierno y que recientemente fueron propuestos o designados en cargos públicos de relevancia. Candis asumirá el 16 de noviembre, en reemplazo del académico Manuel Urriza. De este modo, se completa el proceso de renovación del Consejo de la Magistratura. En tres elecciones sucesivas fueron designados, en representación de los abogados porteños, Adriana Donato, por la lista que respaldan el Colegio Público de Abogados y Pro, y Miguel Piedecasas, de Junín que contaba con el apoyo de la UCR y del massismo, y el visto bueno del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en representación de los abogados del interior. Por los jueces ingresaron Luis Cabral, opositor y presidente de la Asociación de Magistrados; el juez federal de Bariloche Leónidas Moldes, un magistrado crítico del Gobierno, que ingresó con su propia lista y por el sector más progresista, y la camarista laboral Gabriela Vázquez. Junto con Candis, está identificada con el oficialismo. De todos modos, en el Consejo se conserva la paridad, por lo que oficialistas u opositores se verán obligados a negociar para alcan-

zar las mayorías necesarias para nombrar jueces o avanzar con juicios políticos. Si para nombrar a un juez subrogante se necesita que sea votado por siete de los trece consejeros, ni el oficialismo ni la oposición tienen asegurado el número. Mucho menos para alcanzar los dos tercios de votos (nueve) necesarios para conformar una terna de jueces o para iniciar el proceso de destitución. En noviembre, el Frente para la Victoria y la UCR, los dos bloques con más legisladores en el Congreso, reemplazarán a cuatro de los actuales diputados y senadores, que completarán sus cuatro años de mandato. Será tan sólo un cambio de caras. Permanecerán en el Consejo los últimos en entrar: el viceministro Julián Álvarez y Eduardo “Wado” De Pedro. En 2015, el Consejo debatirá designaciones clave en un año electoral y el futuro de jueces que investigan al poder. Candis fue designado en Tandil, donde se reunió el plenario de rectores. Evaluaron su calidad de docente titular de la Universidad de Lomas de Zamora y su “reconocida trayectoria y prestigio con los pertinentes antecedentes en ámbitos académicos y/o científicos”. La llegada de Candis, que es juez del tribunal del Trabajo N° 2 de Lanús, fue celebrada por la agrupación Justicia Legítima: “Su trayectoria judicial y docente a favor de una justicia más democrática beneficiará la mirada crítica del Poder Judicial y sumará el compromiso en favor de la construcción de un modelo que acompañe un nuevo tiempo histórico”, afirmó la agrupación. Dijo que “el jurista Candis, sin dudas, calificará la institución, que se debate frente al reto de configurar una justicia que deje de considerarse más que un centro de poder, un poder de servicio”, afirmó Justicia Legítima, que tiene al menos siete integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo para ser designados como jueces y fiscales federales.ß