Argentina

Las provincias que la consti- tuirán después de 1810 fueron, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, gobernaciones, o parte de éstas,.
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Buenos Aires contra las provincias confederadas A diferencia de otros países hispanoamericanos, como México y Colombia, cuya integración administrativo-política se produjo tempranamente en la época colonial, la del territorio que se llamaría Argentina fue tardía. Las provincias que la constituirán después de 1810 fueron, hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, gobernaciones, o parte de éstas, dependientes del Virreinato del Perú. Las reformas borbónicas elevaron a Buenos Aires de capital de gobernación a capital de Virreinato, con jurisdicción sobre una dilatada geografía que además del que sería su propio territorio, el actual, comprendía también el de las futuras repúblicas de Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia. Al respecto subraya José Luis Romero la consecuencia política de esta centralización: “Las distintas regiones aglutinadas no sin cierta arbitrariedad adquirieron conciencia de su personalidad ante el hecho de su subordinación a Buenos Aires y su incipiente conciencia política se manifestó en cierta pasiva resistencia ante la ciudad que de pronto se elevaba a un alto destino” (Romero, 1956: 54). Romero llama la atención acerca de la influencia que tuvo el hecho de la conversión de esas regiones en intendencias, en las que “se acuñó con presteza cierto espíritu localista”. Observa que esta organización debilitaba los cabildos y concentraba en el gobernador-intendente hacienda, guerra, justicia y policía, estableciéndose así un tipo de centralización regional que inevitablemente entraría en contradicción con la centralización mayor que se llevaba a cabo desde Buenos Aires. Contradicción que se manifestaría con toda su carga negativa en el momento de la fundación de la república. Por otra parte, el contraste entre un extenso territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados y una escasa población (alrededor de 400.000 habitantes a comienzos del siglo XIX) incide, por supuesto, en el aislamiento de las provincias, lo que unido a las precarias vías de comunicación, dificultará su integración: “hacia la época de su creación –dice el historiador José Carlos Chiaramonte– los territorios que abarcaban el Virreinato del Río de la Plata (1776) no eran otra cosa que un inmenso desierto, con islas de población diseminadas en torno de diversos centros productivos o defensivos, unidas intermitentemente por las caravanas de carretas que movilizaban el comercio o barridas por los

malones indígenas que practicaban otra forma del mismo basada en el robo de ganados” (Chiaramonte, 1983: 59). El aislamiento favorece el arraigo en lo propio y extrema la desconfianza hacia lo que no es de su ámbito: “En una carta dirigida al Gobernador de Buenos Aires [...] en enero de 1717 por un vecino [...] se califica a Tucumán y Cuyo de provincias extranjeras. Para Córdoba, Buenos Aires y todo el Río de la Plata eran países extranjeros”. Se desarrolla así un patriotismo local que tiene “como núcleo motor, el odio al extranjero, y un amor, el amor a su país, entendiendo por tal la ciudad y su campiña, y en cuya virtud se le veía hacer frecuentemente distingos curiosos entre el hijo del país, es decir él y el cordobés, o el salteño, los cuales, según este concepto no pertenecían a la misma tierra” (Ramos, 1907: 277-278). En estas condiciones se explica que al momento de la independencia se impusieran las tradiciones locales y regionales y se proyectara con mayor fuerza la desconfianza hacia Buenos Aires, fundamentada desde antiguo en el rechazo de las provincias a subordinarse a la burocracia de una ciudad lejana que además les llevaba indebidas ventajas económicas, y se declarara entonces el enfrentamiento de éstas con la capital, enfrentamiento que constituyó una sólida base para la fragmentación del poder. La rivalidad de la élite criolla entre centralistas y federalistas, dirimida mediante guerras civiles, ahondó y le puso velos ideológicos a lo que será el principal impedimento para la unidad nacional argentina a lo largo del siglo XIX. Con las guerras civiles, comenta Ramos Mejía, “el concepto de patriotismo se achicó aún más” (ibíd.: 150). En verdad fue la monarquía española la que diseñó el modelo de administración que aprovechaba la situación geográfica de Buenos Aires para concentrar en ella, en el virrey, la fiscalización del movimiento económico, tanto del puerto mismo como de las provincias. Este modelo sigue funcionando en la república y será el origen de los conflictos que impedirán durante setenta años la unidad nacional en el Estado. En el momento de la independencia entran en pugna tres sectores claramente delineados: la provincia bonaerense y Buenos Aires, el litoral (Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes) y el interior (las provincias mediterráneas). En la primera, un pequeño grupo de comerciantes y ganaderos se hizo al control del aparato institucional 34

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creado por España. La oligarquía porteña impone al litoral la obligación de exportar sus productos (cueros, tasajos, lanas) por el puerto y a las provincias del interior, que viven de sus industrias precapitalistas protegidas por la Corona (vinos, aguardientes y frutas secas de Cuyo, tejidos de Córdoba, minerales, algodones y ganados de Catamarca y La Rioja, alcoholes, suelas y tejidos de Salta) las lanza a la quiebra al imponer el libre cambio y la consecuente invasión de los productos ingleses. Se trata de una estructura agraria atrasada en la que una incipiente economía monetaria presenta un notorio contraste entre la provincia de Buenos Aires, el litoral y el interior. En las dos últimas regiones se vive de “la exportación primitiva y [...] de míseras labranzas e industrias” (Arragaray, 1925: 101). El empuje del campo bonaerense se debe a extranjeros que se asientan masivamente en él. Ingleses y vascos expanden la ganadería ovina. Grandes comerciantes extranjeros invierten en la tierra, otros constituyen también un sector de propietarios medios y de comerciantes menores en los pueblos. “En 1854 –constata Halperin Donghi– los extranjeros forman la mayoría de la población económicamente activa de la ciudad” (Halperin, 1987: 204). La presencia de extranjeros en Buenos Aires viene de atrás, del período virreinal. Para esa época el 85% de los comerciantes mayoritarios de Buenos Aires eran europeos y el 15% restante criollos, por otra parte “el 70% de los comerciantes porteños estaban casados con hijas de comerciantes. Y si consideramos únicamente a los comerciantes nacidos en España, la cifra asciende al 85%. El parentesco por matrimonio vinculaba a la burguesía mercantil porteña en grandes clanes interconectados” (Migden, 1985: 505-506). Ese dominio de la burguesía mercantil seguirá definiendo la política de la gran ciudad y del país en el siglo XIX. Cabe señalar, a propósito de esta hegemonía europea en la ciudad-puerto, la existencia en la naciente república de dos grupos étnicos claramente diferenciados: los blancos de la clase alta y las capas bajas de la población conformadas por los indios (muy pocos), negros y mestizos. Esta diferencia bien marcada puede verse hacia finales del siglo XVIII: en 1778 en Buenos Aires había 15.719 españoles, 544 indios, 674 mestizos, 3.153 mulatos y 4.115 negros, para un total de 24.205 habitantes (Ramos, op. cit.: 257). La distancia económica y social entre esos dos grupos se mantuArgentina

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vo a lo largo del siglo XIX, a pesar de la inmigración que, iniciada en forma hacia 1870, aumentó notablemente después de la década de 1880. Hacia la década de 1840, se incrementa la población extranjera en Buenos Aires. Según Tulio Halperin Donghi no sólo ingresaron después de 1810 grandes comerciantes sino comerciantes menores, molineros y de otros oficios. Rosas mismo, aunque no tiene una ideología inmigratoria, “subvenciona la inmigración de gallegos demasiado pobres para pagar su propio pasaje” (op. cit.: 204). La impronta burguesa de Buenos Aires la diferencia de ciudades como Chuquisaca y Lima, en las que el núcleo social director lo formaba una “culta y orgullosa aristocracia”, muy distinta del “honrado vecino de Buenos Aires [...] Comerciante y activo contrabandista a sus horas, cuya parquedad en los gastos no tenía igual” (Ramos, op. cit.: 277-278). En la década de 1820 surgió un sector de la élite ilustrada de Buenos Aires que intentó crear un Estado con capital en la ciudad-puerto, pero se le opuso otro sector, porteño también, que expresaba en buena medida los fuertes intereses que dominaban en ella. Este sector coincidía con grupos del interior, que por motivos distintos rechazaban una idea que para ellos no sólo no se compaginaba con su apego a su “pequeña patria” sino que aparejaba su sometimiento a la ciudad que los oprimía económicamente. Refiriéndose al período 1825-1826, un momento en el que se llevó a cabo, desde arriba, ese intento de unificar el territorio en el Estado central, comenta José Ingenieros: “Desde el primer momento se acentuaron las hostilidades entre el partido nacional (llamado unitario) que rodeaba a Rivadavia y el partido autonomista porteño que encabezaba Dorrego (llamado federal). Los dos se disputaban la adhesión de las provincias. El unitario contaba con la mayoría de los diputados, pertenecientes a la clase letrada; el federal era simpático a la mayoría de los caudillos, surgidos generalmente de la clase inculta. La lucha –esto es básico– no era entre porteños unitarios y provincianos federales, como equivocadamente se repite [...] luchaban los federales porteños contra los unitarios porteños [...] Dorrego defendía el autonomismo de su provincia contra el nacionalismo de Rivadavia” (1918: 518-519). Éste, siendo presidente, presentó la ley que convertía a Buenos Aires en la capital del país y “con este motivo la oposición 36

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porteña, autonomista, hostil a toda absorción por las provincias del Interior, se puso en línea contra el gobierno nacionalista, que se mostraba dispuesto a sacrificar la provincia de Buenos Aires en homenaje a los demás” (ibíd.: 521). Según Ingenieros, uno es el federalismo de los dorregistas “abstractamente localista e idéntico al que defendió Mitre contra Urquiza hasta el 62 y toda Buenos Aires contra la nación entera hasta el 80”, y otro el federalismo de la Confederación y el de Juan Bautista Alberdi, “que tuvo, en lo esencial, el mismo programa de Rivadavia [...]” (ibíd.: 522). Es decir, que hubo un federalismo porteño, verdadera cobertura para mantener la autonomía de Buenos Aires y que fue el que practicó Rosas. El otro federalismo implicaba la integración de ésta con el resto del país. Como se ve por las precisiones que hace el pensador argentino, los Unitarios y Federales de los inicios de la independencia se corresponden con un antagonismo que no permite acuerdo ni sobre la modalidad de la relación jurídica entre el centro y la periferia, ni sobre el papel de Buenos Aires, en una u otra forma de Estado, centralizado o federal. La radicalidad del enfrentamiento desencadena la guerra civil, que en la década de 1820 prolonga la anarquía vivida en el decenio anterior. Esta guerra civil se caracterizará por la emergencia de los caudillos, jefes regionales y locales que en el marco de la contradicción entre el interior y Buenos Aires, encarnaron en sus personas los intereses de localidades y regiones. En el vacío de poder que sigue a los cambios de 1810, tradiciones, privilegios e ideología de los grupos altos rurales pudieron prolongarse en el tiempo en razón de que la coyuntura de las guerras de independencia proporcionaron el escenario y los medios para que los líderes potenciales que había en esos grupos ascendieran a la condición de jefes armados. Los caudillos dominarán el panorama político durante varias décadas y le darán un sello particular al proceso histórico argentino del siglo XIX. El régimen de caudillos y el papel del ejército Tulio Halperin Donghi explica la disolución de la centralización monárquica en Argentina por el impacto de la revolución. Sostiene que los cuerpos administrativos, judiciales y eclesiásticos son reemplazados por otros, con la particularidad de que en la Colonia se mantenían con un mínimo de apoyo militar, en una Argentina

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Reproducción facsimilar de la carta que José Cubas, ex gobernador de la provincia de Catamarca, le dirigió a su esposa antes de ser decapitado en 1841. Cubas fue detenido luego de que 1500 federales, comandados por Mariano Maza, ocuparon el territorio de Catamarca por orden de Juan Manuel de Rosas.

suerte de consenso que en la república es sustituido por instituciones “que se imponen gracias a la fuerza”. Considera que en ese cambio radica el origen del que llama “régimen de caudillos”,1 ya Argentina fue, por excelencia, la tierra de los caudillos. Existe una extensa bibliografía que da cuenta de este importante fenómeno en la historia de ese país. A lo largo de los 70 años que median entre 1810 y 1880 se registra una larga lista de caudillos. El último es vencido pocos años antes de la creación del Estado nacional en 1880. En 1999 se publicó el volumen editado por Jorge Lafforgue Historias de caudillos argentinos. Con prólogo de Halperin Donghi, en esta obra historiadores especialistas en el tema tratan a profundidad la parábola de once caudillos, todos sobresalientes, que cronológicamente van desde Francisco Pancho Ramírez, muerto en 1821, hasta Ricardo López Jordán, muerto en 1889.

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que el poder revolucionario “sólo puede imponerse apoyándose de modo creciente en autoridades locales de ejecución en las que debe delegar porciones crecientes de poder”, las cuales se afianzan sobre la base del progresivo aumento de su militarización. Una de las consecuencias de la militarización “es la fragmentación misma del poder político: cuando el gobierno central cae, en 1820, luego del largo marasmo de 1819 [...] lo que surgen [...] son poderes regionales apoyados de modo muy directo en cuerpos armados” (Halperin, 1965: 141-142). El más importante de esos poderes regionales fue el de Juan Manuel de Rosas, un jefe que en pugna con otras fuerzas semejantes a la suya se impone en Buenos Aires y, desde allí, en todo el país, con una modalidad de mando que no implica una auténtica centralización, pues no se fundamenta en una integración jurídica en un solo Estado y en el reconocimiento por todas la regiones de Buenos Aires como capital, sino en la aceptación por las otras provincias de la supremacía militar de Rosas, en razón de la cual realizan un pacto con él. Con el tiempo, otro caudillo, Urquiza, expulsará al dictador y abrirá una etapa de descentralización, en la que se enfrentarán en guerra civil las dos partes que habían acordado el mencionado pacto. El triunfo de una de ellas, Buenos Aires, no significó la centralización sino un nuevo pacto. La definitiva centralización se logrará por medio de la fuerza armada en 1880. Juan Manuel de Rosas, hacendado de la provincia de Buenos Aires, aparece en el escenario político en 1820, cuando se vincula a la guerra civil apoyando a Dorrego en una de sus campañas libradas por mantenerse en el poder. Más tarde, ese propietario, hijo de españoles, “con ciertos pergaminos de hidalguía”, curtido en las faenas del campo y que no había participado en las guerras de liberación, gobernaría durante largos años a la Argentina (1829-1831 y 1835-1852), ejerciendo una dictadura represiva que anuló toda posibilidad de organización de un Estado de derecho y de formación de partidos políticos. Rosas se impone como el agente del orden en una república recién fundada en la que los caudillos impiden con sus huestes armadas la consolidación del poder central. Su fórmula para instaurar ese orden, la dictadura, es la que corresponde al grado de anarquía creado por la proliferación de jefes regionales y la división de la élite criolla al mando. Él mismo es un caudillo que se Argentina

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impone por la fuerza de las armas y su indudable carisma le permite tener ferviente apoyo popular, proviniendo como proviene de la capa social privilegiada y defendiendo como defiende los intereses de sus iguales. Pero, en realidad, Rosas no gobernaba a la Argentina. Las trece provincias, agrupadas en confederación, tenían gobiernos independientes y delegaron en Buenos Aires la defensa y la política extranjera. Rosas ejercía un control de facto sobre las provincias. Según John Lynch, el régimen que le dio la hegemonía en Buenos Aires con base en la estancia, el patronazgo estatal y el terrorismo, no podía implantarlo en toda la Argentina, de ahí que “la pacificación del Interior significó la conquista del Interior por Buenos Aires. La imposición de la unificación por Rosas, no fue un triunfo para Argentina sino para Buenos Aires. Esta fue una etapa en la formación del Estado nacional, pero no fue la última, y cuando Rosas cayó, el proceso de construcción de la nación apenas había empezado” (1984: 218).2 El período 1820-1827 es de guerra civil ininterrumpida. El motivo es poderoso: el papel de Buenos Aires en la organización política del país. La cuestión de fondo radica en que Buenos Aires no es la capital de la nueva república y la disputa se centra en la divergencia acerca de si puede serlo sin condiciones, es decir, una capital en igualdad de derechos con las demás provincias o si será una capital con privilegios económicos reconocidos por aquéllas. Se declaró entonces el enfrentamiento de las provincias del Interior y del Litoral con la capital y la provincia del mismo nombre, enfrentamiento que constituyó una sólida base para la fragmentación del poder, en cabeza de los caudillos, miembros, casi sin excepción, de la capa propietaria que, con ejércitos propios, defenderán la autonomía de sus provincias. Aunque en esos años fundacionales de la república argentina el Estado se define en las constituciones como un Estado liberal, Por otra parte, la centralización rosista, mirada desde el ángulo sociológico aplicado por Norbert Elias para analizar el proceso de formación del Estado nacional en Europa occidental con su concepto de “fuerzas centralizadoras” y “fuerzas descentralizadoras” es, como dice Lynch, una etapa de dicha formación en Argentina que podemos ubicar en una dinámica que parte de una primera centralización, la de la monarquía española, pasa por la descentralización de la independencia, se continúa con la particular centralización de Rosas, vuelve a la descentralización en el período 1852-1880 y termina con la centralización de 1880. Esta dinámica tiene lugar también en México y Colombia. La única diferencia es la existencia ya anotada de una fase más en Argentina (véase Elias, 1987, [1969]). 2

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lo cierto es que no predominan en él las leyes sino la voluntad de los numerosos caudillos, que ejercen una autoridad en sus regiones basada en la tradición.3 Son grandes hacendados con un ascendiente natural sobre las masas campesinas, cuya sumisión se da “en virtud de una devoción rigurosamente personal”, y de las cuales extraerán sus causas armadas (ibíd.). A la multiplicidad de poderes se impone la centralización con la dictadura de Juan Manuel de Rosas, quien organiza su gobierno al estilo de su propia condición de gran terrateniente, con base en su familia y sus allegados cercanos4 y controla con su organización policial todo intento de oposición. No hay, desde luego, en la práctica, lo que se proclama como Estado liberal y federalismo, sino gobierno autoritario, concentrado en la persona del jefe, a nombre de uno y otro. Rosas consideraba que la revolución de mayo “se hizo no para sublevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplir la falta de las que, acéfala la nación, habían caducado de hecho y de derecho”. Su ideal de gobierno era “una autocracia paternal” (Shumway, 2002: 238). El proceso anterior muestra una línea de desenvolvimiento marcada por el franco predominio de la fuerza armada. Empieza con los jóvenes criollos que, con motivo de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, crean la “milicia criolla”, grupo que luego de la expulsión de los británicos se constituyó “en una nueva fuente de poder basada en su capacidad militar” (Lynch, 1973: 50). Los españoles quisieron volver al estado anterior, pero no lo lograron. No consiguieron que el virrey Liniers la licenciara “y así la milicia criolla se convirtió en un nuevo núcleo de poder en la colonia y una nueva molestia para los españoles” (ibíd.: 52). En 1809 los peninsulares dan un golpe con el nombramiento de una Junta de gobierno por el cabildo abierto compuesta enteramente por españoles europeos, que les fracasa por la intervención de la milicia criolla. La fuerza política de ésta se acrecentó con la ventaja numérica que le tomaron a las tropas españolas: en Buenos Aires en mayo de 1810 la guarnición regular colonial era apenas de 371 hombre contra 2.979 de la milicia criolla. Sus dirigentes más Las normas no escritas del patrimonialismo, según Weber, se basan en la tradición, “en la creencia en el carácter inquebrantable de lo que ha sido siempre de una manera determinada” (op. cit.: 753). 4 Las relaciones patrimoniales, dice Weber, aparecen “cuando el soberano organiza en forma análoga a su poder doméstico el poder político” (op. cit.: 759). 3

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notables ocuparán los puestos de mando del país en los comienzos de la independencia: Saavedra, Pueyrredón, Martín Rodríguez, Viamonte. El ejército sustenta, desde luego, la dictadura de Rosas hasta 1852. No existiendo partidos políticos, pues lo que existe son agrupaciones coyunturales que no perduran, en la fuerza armada descansa la posibilidad de que se mantenga, a partir de aquel año, el frágil equilibrio de instituciones políticas que deben sobrevivir en medio de la fragmentación del poder, principalmente con la dualidad del mismo, ya que Buenos Aires tiene gobierno propio, independiente de las demás provincias durante ocho años (1852-1860) y luego, mediando la derrota que le infiere a la Confederación de las trece provincias en 1861, sin ceder a sus pretensiones, permite que los presidentes ejerzan en la ciudad-puerto, pero como huéspedes, pues no se ha resuelto aún la querella entre los que quieren a Buenos Aires como capital de la república y los que reivindican su autonomía. Estos últimos son dirigidos por Adolfo Alsina. “Los ‘nacionalistas’ –dice Álvaro Yunque al respecto– [...] son la ‘gente bien’, comerciantes, intelectuales y sus masas. Los autonomistas [...] son la gente del arrabal y la campaña de los ganaderos. El antiguo pleito con otros nombres” (Yunque, 1957: 311). A partir de 1852 los vencedores de Rosas en Caseros se agrupan en partidos que no logran continuidad debido a que se mantiene la fragmentación del poder y es la fuerza de las armas la que decide. En transformaciones sucesivas entre 1852 y 1890 estos partidos (que en verdad no alcanzan a ser tales) van desapareciendo y en la década de 1890 surgen nuevos partidos que se asentarán en el siglo XX. Es, precisamente, un ejército con incipiente sentido nacional, el que se afirma luego de las experiencias de la guerra civil y de la guerra contra Paraguay y dará soporte a los gobernantes que por elección popular ejercieron la presidencia entre 1854 y 1880. Se trata de una oficialidad joven, que descubre en la inmensa topografía argentina, recorrida en el servicio y en las campañas militares, un país desconocido por los políticos, sumido en la pobreza y el atraso, pero al mismo tiempo con enorme riqueza sin explotar y un pueblo capaz de transformarlo si es bien dirigido. El ejército preserva la institucionalidad en un medio en el cual las facciones políticas, que no partidos, se muestran excesivamente débiles y respalda las iniciativas lega42

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les contra los movimientos de fuerza. No es de extrañar, entonces, que fuese un jefe de ese ejército, el general Julio A. Roca, quien combinando su mando militar con habilidad política, pusiera fin al enfrentamiento de Buenos Aires con el resto del país, constituyéndola definitivamente en la capital de la Argentina sobre la base de la centralización del poder del Estado y la unidad nacional. Cabe señalar que del ejército de las trece provincias dependió que los gobiernos civiles de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880),5 ambos provincianos, se sostuvieran a pesar de las condiciones de indudable debilidad en las que actúan y mediando hechos como la guerra contra Paraguay (1865-1870), los levantamientos de varios caudillos provinciales (los más famosos, Ángel Vicente Peñaloza, “el Chacho”, y Ricardo López Jordán), las guerra civiles de 1874 y 1876 y el levantamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1880. Gracias al respaldo y eficiencia del ejército, los dos gobiernos salieron victoriosos en todos estos conflictos. Debe aclararse, sin embargo, que en esta época los ejércitos son de origen patrimonial, no son ejércitos modernos. Sus “soldados” se reclutan como “súbditos”, no como ciudadanos. Peñaloza y López Jordán representaron la última resistencia a Buenos Aires que, después del triunfo de 1861 ya comentado, operó como fuerza centralizadora de partes del territorio argentino. Se fortalece entonces de tal manera la ciudad-puerto “que impone geopolíticamente su preeminencia en la medida en que refuerza su autonomía y en cuanto no transfiere a una superestructura nacional los elementos en que se basa su supremacía” (Cornblit, 1971: 35). Esto es así debido a que los dos partidos vigentes en aquel momento, Autonomistas y Nacionalistas, “dirimían a través de la consecución del gobierno provincial [de la provincia de Buenos Aires] el manejo de la república” (ibíd.) En consecuencia, Buenos Aires, mediante el afianzamiento del poder regional, concentra poco a poco casi todas las decisiones políticas de alcance nacional. Con todo, se abre el camino hacia la unificación política y, en este sentido, el período 1862-1880, puede ser reconocido en sus efectos positivos, llamado por los historiadores, como el de la “Organización nacional”, pero no debe pa5 Bartolomé Mitre, presidente de 1862 a 1868, era porteño y partidario de la hegemonía de la ciudad-puerto. Contó por ello, con el apoyo de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Sarmiento y Avellaneda eran provincianos y enemigos de dicha hegemonía.

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sarse por alto que el grado de centralización alcanzado no se da en el Estado sino como reflejo en éste de la dominación de Buenos Aires. Finalmente, el ejército, en 1880, asegura la presidencia al candidato electo, el general Julio A. Roca, al derrotar a la fuerza armada bonaerense que dirigida por su gobernador, Carlos Tejedor, intentó impedir la posesión de quien auguraba el fin del prolongado conflicto con la capital. Al constituirse de ahí en adelante en el soporte del Estado centralizado, el ejército, bajo la influencia de Roca, demostró que el sostén que le había dado a los gobernantes civiles del período 1862-1880, obedecía a la decisión de su oficialidad de participar activamente en la creación de un Estado moderno en el que se realizara la unidad nacional. Este proceso muestra que durante setenta años (1810-1880) predominó la fuerza militar sobre la civil, primero como imposición brutal, con la dictadura de Rosas y luego como voluntario soporte del ejército en la transición de los gobiernos civiles de 1862 a 1880. La confluencia del poder militar y el respaldo electoral mayoritario en una misma persona, permitió salvar el escollo de 1880 y fundar en la Argentina un Estado moderno basado, como es propio de él, en el monopolio de la violencia física y en la unión de las trece provincias con la provincia de Buenos Aires y la capital. Con plena conciencia sobre el significado de este hecho para la sobrevivencia del nuevo orden jurídico, en su discurso de posesión Roca enfatiza la disposición de su gobierno de fortalecer el ejército y de combatir a como dé lugar todo intento de fragmentación del país por medio de levantamientos armados. Es el comienzo de la subordinación del ejército al poder civil, y de su sujeción irrestricta a la Constitución y las leyes. Pero, no hay que olvidar que se llega a ese punto por una vía militar, atenuada, es cierto, pero en la que de todos modos el peso de las armas decidía el destino del país. Cincuenta años después, en 1930, se iniciará un ciclo en el cual el predominio del ejército, en forma de periódicas dictaduras, se extenderá, como en siglo XIX, hasta la octava década del siglo XX. Es probable, entonces, que pese a los esfuerzos realizados desde 1854 para arraigar el Estado de derecho, al finalizar la influencia del roquismo, hacia 1910, se haya producido un vacío institucional que va a ser ocupado por el ejército. El golpe del general Uriburu en 1930 bien puede explicarse en este contexto, si se tiene en 44

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cuenta que la estabilidad del período 1880-1910 dependió sobre todo de la persona del general Roca, en quien confluían el poder militar y el civil. Por otra parte, los partidos políticos que reemplazan a las antiguas facciones en la década de 1890, no están aún en condiciones de garantizar la continuidad de la estabilidad política ganada durante el régimen que termina en 1910. Además, la Unión Cívica Radical que se impone con Hipólito Irigoyen en 1916, representa a las clases medias, que no son clases dominantes en la sociedad, y se empeña en un proceso de democratización, rechazado de inmediato por las clases propietarias (cuyo núcleo fundamental y más poderoso sigue siendo la oligarquía porteña), que tienen en generales como José Félix Uriburu, de su mismo clan,6 la salida para poner fin al experimento irigoyenista. De la ganadería a la agricultura de exportación La primera mitad del siglo XIX fue para la Argentina, como para México y Colombia, una época de cambio muy lento en el que sobresalieron las carencias, el atraso y en buena medida, en algunas regiones, la miseria. No era ajena a esta situación la anarquía que prevaleció en esos años, pero en lo fundamental era cuestión de fuerzas productivas estancadas por múltiples motivos: técnica atrasada, latifundios improductivos, gravámenes coloniales, falta de infraestructura de transporte, escasa población. La Argentina dependía de la ganadería. Esta se expandió principalmente en la provincia de Buenos Aires gracias a la exportación de cueros; otros productos de la industrialización del ganado vacuno, básicamente carne salada y sebo, “completan, hasta mediados del 40 alrededor del 90 por ciento del valor total de las exportaciones [...] Esa producción de cueros, como la del sebo, se dirige hacia el mercado europeo” (Halperin, 1969: 25). Escasa producción para un inmenso país, en el que una buena parte del territorio estaba por fuera de la misma. A comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, “sólo la tercera parte de la superficie actual de la provincia de Buenos Aires había sido incorporada, de alguna manera, a la vida civilizada [...] la situación era análoga, La familia Uriburu estaba emparentada con los Anchorena, los mayores latifundistas de la Argentina. Al respecto anota Juan José Sebreli, que “alrededor de 1930, sólo diecinueve miembros de la familia Anchorena reunían 378.094 hectáreas distribuidas en la provincia de Buenos Aires” y menciona algunos de esos latifundios con su respectiva extensión, uno de ellos de 104.621 ha (1972: 229). 6

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en este sentido, a la de otras provincias, pues Santiago del Estero no disponía sino de dos quintos de su territorio y Córdoba, Santa Fe y Mendoza, de alrededor de dos tercios” (Bejarano, op. cit.: 77). Otra considerable parte del territorio tendría que ser incorporada por la fuerza, en un largo esfuerzo que se inicia con Rosas y termina con la “campaña del desierto” (1876-1880). En esa primera mitad del siglo XIX no se había desarrollado la agricultura ni la industria. Según Milcíades Peña, “El censo de 1869 revelaba que en todo el país había 58 mil sirvientes y 8 mil mozos de café contra sólo 92 hiladores y tejedores y apenas 8 mil agricultores, lo que da una idea bastante clara del atraso nacional. En el comercio exterior y en la producción para el comercio exterior se asentaba la riqueza de las clases dominantes más poderosas: estancieros y comerciantes del litoral. No había industria nacional ni quien tuviera interés en desarrollarla” (1968: 11). El cambio se inicia a mediados de siglo. Se pasó a la producción de lana en gran escala y se desarrolló la agricultura de exportación con el trigo y el maíz. El número de ovejas aumentó considerablemente: de 14 millones en 1860 a 70 millones en 1883 (Pinedo, 1961: 65). La exportación de trigo empieza hacia 1876 y llega en 1884 a 100.000 toneladas, la misma cifra del maíz (ibíd.: 67). Entre 1880 y 1890 la producción agraria se eleva del 1.4% al 25% de las exportaciones (Peña, op. cit.: 67). Concomitantemente las recaudaciones por impuestos y aduanas aumentaron considerablemente. Una incipiente burocracia, en la que todavía no se diferenciaba lo privado de lo oficial y la posición ocupada por el funcionario es “el resultado de su subordinación puramente personal al señor” (Weber), tomará cuerpo en el período de centralización del Estado, después de 1880. Por entonces ya se manifestaban tendencias hacia la formación del mercado interno. La nueva Constitución de 1853 suprime las aduanas interiores, nacionaliza las rentas obtenidas del gravamen del intercambio exterior, establece la libre navegación de los ríos interiores, elimina las preferencias portuarias o sea el puerto único de Buenos Aires, y la participación de las provincias en la fijación de los derechos de protección (artículos IX, X y XI). Estas decisiones tuvieron la férrea oposición de Buenos Aires: “la oligarquía bonaerense se negaba con la más firme resolución a la pérdida del control de la aduana y del comercio exterior; no toleraba ningún compromiso con las provincias del interior en cuan46

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to a la orientación del comercio exterior y la explotación de la tierra del litoral: tal resultado fue logrado en cierto sentido, pero a cambio de la aceptación ineluctable de un compromiso definitivo con los países capitalistas. La adopción ulterior de la libre competencia y de la libre empresa lo ilustra claramente” (Arnaud, 1987: 118-119). En la guerra contra la Federación, la provincia de Buenos Aires llevaba las de ganar, pues controlaba las rentas sobre el comercio exterior: dedicó 124 millones de pesos papel para comprar armamento en Inglaterra, después de romper con la confederación [...] En los presupuestos de ésta el 33.63% de los gastos concernía al ejército y la marina, pero era poco respecto a lo que disponía Buenos Aires, que en el solo año de 1862 adquirió 7 millones en armamentos en el extranjero, mientras la confederación en varios años invirtió 10.5 millones en gastos militares (ibíd.: 120-121). Entre 1863 y 1880 el presupuesto militar absorbía el 43% de las rentas públicas (ibíd.: 125). Desde Buenos Aires se destruían los elementos opuestos a la opción nacional bonaerense: “Las rebeliones de las provincias del interior y del litoral implicaban una represión permanente; un verdadero estado de sitio permitió engendrar un cierto tipo de organización económica favorable exclusivamente a los intereses de la oligarquía que controlaba Buenos Aires y el futuro de la explotación de la Pampa [...] los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda dedicaron respectivamente el 83.6%, el 71.4% y el 38% del total de las sumas gastadas al mantenimiento del orden”, sumas que provenían de leyes especiales destinadas al gasto militar (ibíd.: 126). Por otra parte, “la supresión o la dominación de los poderes regionales por el gobierno central no se fundamentó [...] sobre la actividad económica heterogénea respecto al exterior; se logró a través de las relaciones con las economías capitalistas en México y la Argentina, que no existían todavía como entidades” (ibíd.: 127-128). En definitiva se impusieron las finanzas nacionales sobre las provinciales, entre “1900 y 1910, cerca del 60% del total de las rentas públicas eran obtenidas por el gobierno nacional” (ibíd.: 132). Inmigrantes y nacionalidad El avance capitalista va aparejado con el necesario aumento de la población, que se consigue en tiempo récord con la inmigración. Comienza hacia 1853 y medio siglo después llega a ser de Argentina

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tres millones y medio de personas (ibíd.: 61), cifra que representa un poco más del doble de los habitantes que tenía el país en aquel año. Factor importante, por lo que se esperaba de ella para el desarrollo del país, su volumen crea problemas a la unidad nacional. Los inmigrantes no se integran a su nueva patria tan fácilmente. Mantienen lealtades con sus países de origen. Su asentamiento se complica por la falta de planeación y el incumplimiento de las promesas gubernamentales.7 Muchos no adquieren la nacionalidad. Los hay que introducen un elemento perturbador al transferir su experiencia revolucionaria a movimientos que fomentan huelgas y agitan consignas de lucha de clases y utopías socialistas.8 No faltan, por supuesto, las tensiones con los nativos. Encendidas polémicas, en periódicos, revistas y libros dan cuenta del enervamiento que causa la inmigración masiva. Hubo novelas que denunciaron con pasión militante el estado de ánimo de quienes rechazaban a los inmigrantes, por ejemplo En la sangre, de Eugenio Cambaceres. Por otro lado, novelas y obras de teatro empiezan a describir personajes típicos y costumbres de los recién llegados. Los gauchos judíos, de Alberto Gerchunoff, es una buena muestra de esta literatura. He aquí un problema determinante para el futuro del Estado nacional, que se manifestará con todo su potencial conflictivo en los años en los que se intensifica la inmigración, entre 1880 y 1910, precisamente los años en que se despliegan esfuerzos para consolidarla. Todos los gobernantes del período compartían las premisas planteadas décadas atrás por Sarmiento y Alberdi de fincar el progreso del país en los inmigrantes europeos. Pero, esa iniciativa aparejaba un cierto grado de ruptura con la imagen de una nacionalidad argentina de raíz española, que se había proyectado por primera vez en los escritos de los jóvenes criollos de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.

No fueron pocos los inmigrantes que se vieron abocados a la miseria y a grandes penalidades a causa de la improvidencia del Estado. Algunos ejemplos se encuentran en Cúneo (1967). 8 Una muestra de los periódicos editados por inmigrantes: “Le Revolutionaire [...] lo publicaron en el año 75 unos franchutes que habían luchado en la comuna de París [...] Después estaba L’Avenir Social que publicaban los socialistas galos en el 94 y el Vorwaerts, que quería decir adelante y lo publicaban los socialistas alemanes. Fue el periódico que más duró, desde 1886 hasta el 96” (Giardinelli, 1991: 349-350). 7

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En efecto, desde las últimas tres décadas del siglo XVIII se insinúa en la mente de los jóvenes criollos la idea de nación. Por las contradicciones con las medidas borbónicas y la influencia de las ideas liberales, españolas y francesas, individuos como Manuel Belgrano y Mariano Moreno, y otros de su misma edad llegan a 1810 definidos en su condición de “nacionales” americanos. Belgrano vivió siete años en España, de 1787 a 1794. Fue amigo de Jovellanos, el gran reformador liberal, y recibió el impacto de la Revolución francesa, a cuyos principios adhirió de inmediato. Moreno regresó a Buenos Aires en 1805 con un grado de abogado obtenido en Chuquisaca, centro universitario en donde estudió a Rousseau y a los enciclopedistas con amigos en grupos clandestinos. Se convirtió allí en un jacobino integral.9 Redactó, como secretario de la Primera Junta de gobierno de 1810, un “Plan de Operaciones”, en el que “planteaba una verdadera política revolucionaria, no porteña [...] sino nacional americana” (Ramos, 1961: 28). La idea de nación desarrollada por los criollos incluye en su perspectiva teórica a todos los estratos sociales del nuevo país, y concilia con los intereses de éstos los intereses del grupo social privilegiado al cual pertenecen, pero, en la práctica el pueblo real está separado de ellos por barreras étnicas, económicas, sociales y culturales, que el triunfo revolucionario no derriba. Dice al respecto José Luis Romero: “La burguesía criolla no miraba a los de tez parda como el vencedor al vencido, como se mira algo distinto y separado. Quizás los miraba como el superior al inferior y, a veces, como el explotador al explotado; pero los miraba como miembros de un conjunto en el que ella misma estaba integrada, que constituía su contorno necesario, del que aspiraba a ser la cabeza y sin el cual no podía ser la cabeza de nada” (1984: 180). En otras palabras, esta minoría privilegiada se sentía la representante de los intereses populares. Es claro que percibe las necesidades de los blancos pobres, indios, negros y mestizos que conforman su sociedad y una vez en el poder crea instituciones para elevarlos a la igualdad de ciudadanos, pero no se trasciende la igualdad formal, pues estos grupos no acceden a la propiedad ni disfrutan de la mayoría de los derechos que prescribe la Constitución. Es cierto que existe entonces la comunidad de lengua y 9

Véase Puiggrós (1960), capítulos I y II.

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de religión, pero se instaura un Estado territorial que será objeto de pugna entre los miembros de esa minoría y tardará muchos años en lograr el monopolio de la violencia que le permitirá garantizar los derechos ciudadanos que contempla la Constitución. Para la élite ese Estado es sinónimo de nación, pero lo que esta última implica (el fenómeno subjetivo de llegar a ser solidarios individuos que han sido extraños entre sí) aún no se ha desarrollado. Acerca de ese fenómeno subjetivo reflexiona con mucha propiedad Juan Bautista Alberdi, quien a sus 26 años ya se destaca entre los jóvenes de la generación del treinta siete. En el Fragmento preliminar al estudio del derecho, escrito en 1836-1837, plantea la necesidad de una clara conceptualización de la nación, porque ésta, dice, no lo es sino “por la conciencia profunda y reflexiva de los elementos que la constituyen”. Su argumento de base es que existe una “vida puramente instintiva” de la sociedad que debe elevarse hasta la “conciencia de sí”, es decir, que la razón es el gran instrumento para convertir lo que es puramente sensible, primario y disperso, en fuerza transformadora, en un “pueblo”, pues “no es pueblo todo montón de hombres”.10 Ese pueblo en Argentina está llamado a ser independiente, civilizado y capaz de desarrollarse por sí mismo. Piensa que para su tiempo este postulado es tan sólo una aspiración, por eso hay que “comenzar la conquista de una conciencia nacional por la aplicación de nuestra razón a todos los aspectos de la vida nacional” (Alberdi en Quentin-Mauroy, 1982: 78-80). Años más tarde, en su célebre obra Bases y puntos de partida para la organización política de la república argentina (1852), Alberdi enumera como antecedentes unitarios del período colonial, entre otros, la unidad de origen español, de creencias, de culto religioso, de costumbres, de idioma y de gobierno y afirma que “la ciudad de Buenos Aires, constituida en capital de virreinato, es otro antecedente unitario de nuestra antigua existencia colonial” (1915 [1852]: 112). Complementa lo anterior con otros factores que son igualmente de unidad para los argentinos, propios del “tiempo de la revolución”. Considera que unos y otros deben ser estudiados a fondo por el Congreso que ha de redactar la nueva Constitución. En este enfoque Alberdi coincide con el pensamiento de Hegel en Principios de la Filosofía del Derecho.

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Sin embargo, esta reivindicación del pasado no le parece a Alberdi que se contradiga con su idea de poblar el país con extranjeros. Por el contrario, reafirma su convicción acerca de las ventajas de la inmigración para la nacionalidad argentina y aun para la sudamericana: “No temáis tampoco –dice en las Bases– que la nacionalidad se comprometa por la acumulación de extranjeros, ni que desaparezca el tipo nacional. Ese temor es estrecho y preocupado. Mucha sangre extranjera ha corrido en defensa de la independencia americana [...] El pueblo inglés ha sido el pueblo más conquistado de cuantos existen [...] No temáis [...] la confusión de razas y lenguas. De la Babel, del caos saldrá al día brillante y nítida la nacionalidad sudamericana” (Alberdi en Halperin, 1980: 99). Esa nación sólo será posible a su entender con la inmigración. Su interés se centra en el desarrollo material, que no podrá lograrse con las capas sociales bajas nativas. Para su diagnóstico de la situación de la Argentina de su tiempo se vale de la experiencia civilizatoria europea y norteamericana, traducida en progreso por efecto de la industrialización. Su modelo de Estado se inspiró en las realizaciones en este campo obtenidas en los países avanzados. Considera que el progreso ostensible que los caracterizaba dependió de la fuerza de trabajo, de la población, que a lo largo del tiempo adquirió habilidad y destreza para manejar las máquinas que produjeron el aumento de la riqueza y del bienestar general. Señalando el contraste entre la escasa población (un millón de habitantes a mediados del siglo XIX) en un territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados, advertía que “no tiene de nación la República Argentina sino el nombre y el territorio” (Alberdi en ibíd.: 120); luego, si se quería que llegase a ser nación, el camino era poblarla, pero no con cualquier tipo de inmigrantes, sino con aquellos ya portadores de civilización, los europeos, aunque no todos, sino los que habían sido instruidos en los conocimientos y en la práctica del mundo industrial. Si se cumplía este requisito habría también un Estado con autoridad en el inmenso territorio. Como contrapartida lógica de este análisis Alberdi planteaba que ni los indios, ni los mestizos (gauchos), ni los negros podrían realizar esa tarea, porque carecían de las cualidades necesarias para transformar el desierto en un país industrializado.11 Ignoraba con 11

Sarmiento coincidía con Alberdi en este planteamiento sobre la inmigración selectiva.

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ello el pasado histórico al cual se había referido en los escritos comentados, cuyas particularidades estaban ligadas a esos grupos sociales que marginaba de su proyecto de nación. En su negación del pasado histórico Alberdi reflejaba su talante liberal, que lo identificaba con una línea antihispanista de “larga duración de la cultura argentina que, desde los intelectuales de la Independencia hasta los hombres del Ochenta, pasando por la generación del 37” (Terán, 1987: 29-30),12 llega hasta principios del siglo XX. Por esa época volverán por los fueros del hispanismo intelectuales como Manuel Gálvez y Ricardo Rojas. La Constitución de 1853, con notoria influencia de las ideas de Alberdi, ofrece las condiciones legales óptimas para la inmigración. Y de allí en adelante ingresarán al país numerosos contingentes de inmigrantes, hasta alcanzar la cifra ya mencionada de tres millones y medio a comienzos del siglo XX. Una masa tan considerable de individuos que hablan otras lenguas y cuyas costumbres y valores difieren notablemente de las costumbres y valores propios, amenaza, por supuesto, la identidad nacional argentina. Los gobiernos posteriores a 1880, ante los efectos conflictivos de esta convivencia, se empeñarán en contrarrestarlos con medidas como la de dictar leyes para las escuelas y colegios que induzcan en los hijos de los inmigrantes el amor y la lealtad hacia el país en donde nacieron.13 Tendrán dificultades con la nacionalización de la primera generación de inmigrantes, en gran proporción reacios a llevarla a cabo. Emitirán también leyes represivas contra los inmigrantes revolucionarios. Más tarde, hacia 1916, esa masa ya legalmente asimilada, con su gran peso cuantitativo inclinará la balanza electoral a favor de un nuevo partido, el Radical, que se perfila como un partido popular y renovador, pero seguirá durante mucho tiempo sin resolverse el problema de la nueva identidad nacional que ha de forjarse irremediablemente a partir del asentamiento de la numerosa población extranjera. Agustín Álvarez (1857-1914) era, al decir de Terán, uno de los intelectuales más hostiles a la herencia española. Éste consideraba necesario para el progreso del país “excluir las ideas, los sentimientos, las supersticiones y las costumbres hispanocoloniales” (ibídem: 30). 13 La preocupación de los dirigentes por este problema se refleja en Ramos, quien “en un recorrido por las escuelas de Buenos Aires [...] descubre que buena parte de los maestros no hablan castellano y que los niños reciben lecciones de patriotismo del Cuore de De Amicis y no de libros que exalten las gestas argentinas” (en Devoto, op. cit.: 32).

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El camino hacia la centralización. Julio A. Roca Julio Argentino Roca (1843-1914) provenía de una familia patricia empobrecida de Tucumán. Su padre, coronel del ejército, enviudó y por falta de recursos tuvo que distribuir a sus hijos entre los miembros de la familia. A Julio le consiguió una beca en el colegio de Concepción del Uruguay, fundado por Urquiza. Era un colegio ejemplar, dirigido por un profesor francés, Larroque, en donde se pretendía formar a los futuros dirigentes del país. El criterio de selección debió ajustarse a dicho objetivo, pues allí estudiaron jóvenes, compañeros de Roca, que más tarde ocuparían altos cargos en la dirección del país (presidentes, ministros). Otros se destacarían en las letras. En la sección militar del colegio, se gradúa Roca de subteniente, a los 15 años. A los pocos meses de graduado participará en la batalla de Cepeda (1858) como miembro del ejército confederado. Más tarde será uno de los derrotados de Pavón (1861). Incorporado posteriormente al ejército nacional su carrera será meteórica, pues llegará a general a los 31 años, por ascensos obtenidos en las múltiples campañas que libró el ejército en el agitado período de la “reorganización nacional”. Pero Roca no era un oficial común y corriente. En él había un fino político de estirpe maquiavélica. Destinado a guarniciones del interior, establece vínculos con las élites provinciales y va creando, poco a poco, una red de amistades, con la que interviene en el juego político nacional, sin mostrarse directamente. Su apoyo principal lo tiene en Córdoba, en donde opera su concuñado, Miguel Juárez Celman: “En 1869 Roca y Juárez Celman –dice un biógrafo de este último– eran ya, potencialmente, los jefes de la política del interior. Para serlo tuvieron que conciliar voluntades e intereses, apetitos y pasiones, en una labor tanto más fecunda cuanto más silenciosa. Únicamente así podrían concretar un fuerte estado de opinión para acabar con la odiada supremacía de Buenos Aires [...] Sarmiento desde la presidencia facilitó esa campaña” (Rivero, 1944: 49). Fue a Roca a quien recurrió el presidente Sarmiento para liquidar los levantamientos de los caudillos Felipe Varela y López Jordán y quien derrota al general Arredondo, jefe de la revolución de 1874, desatada por los amigos de Mitre para impedir la posesión de Avellaneda como presidente. Luego vendrá su golpe definitivo de opinión: la “campaña del desierto”. Iniciada por Adolfo Argentina

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Alsina, ministro de Guerra de Avellaneda en 1875, discrepa de éste en la estrategia por seguir. En 1877 muere Alsina sin haber logrado éxito contra los indios y Roca lo sustituye en el cargo. En 1879 se consagra como el jefe que conquista para el país un inmenso territorio que había sido objeto de campañas frustradas desde las época de Rosas. Su prestigio asciende hasta el punto de considerársele candidato opcionado para reemplazar a Avellaneda en la presidencia. ¿Cómo se explica el ascenso tan vertiginoso del comandante de fronteras, radicado en lejanos parajes del interior, que en poco más de díez años, se ubica en el primer plano de la política argentina, contando apenas con 37 años de edad? En primer lugar, por su condición de jefe militar, convertido en el soporte de los gobiernos de Sarmiento y Avellaneda, ambos provincianos, amenazados permanentemente por la intransigencia porteña, dispuesta siempre a impedir por medio de las armas el sometimiento de Buenos Aires a un gobierno nacional. Esa misma condición de jefe militar le daba la ventaja que un líder civil originario de la provincia no podía tener frente a Buenos Aires: el poder de las armas, el único que, como se vio en 1880, era capaz de doblegarla. En segundo lugar, la debilidad de las facciones políticas, incapaces de superar por medios simplemente electorales la pugna entre Buenos Aires y el interior. Roca, ajeno a las facciones, maniobró hábilmente para hacerse al apoyo de los dos bandos: por un lado, el interior, “La Liga de Gobernadores”, y por el otro, Buenos Aires, logrando que connotados dirigentes porteños apoyaran su candidatura. En tercer lugar, el país había cambiado. El aumento de la población, las inversiones extranjeras, el auge de las nuevas exportaciones, la urbanización, el ferrocarril, apuntaban hacia una nación unificada en capacidad de manejar las complejas situaciones que se derivaban de esos cambios. Los gobiernos de Sarmiento y Avellaneda, orientados en esa dirección, habían despejado el camino. En cuarto lugar están las condiciones personales de Roca. Es cierto que éste no partió de cero. Pertenecía a la clase alta de Tucumán. Su tío Marcos Paz fue vicepresidente de la Argentina en el período 1862-1868. Y por su matrimonio se integró al núcleo más aristocrático de Córdoba. Contaba, pues, con el estatus social suficiente como para desenvolverse con soltura en los medios dirigentes del país, en los cuales no bastaba el rango militar 54

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para acceder a ellos. Su origen social le hubiese servido para obtener distinciones y algunos cargos de valía, pero no le aseguraba la presidencia. Debía tener, como en efecto tenía, cualidades especiales que le permitieran ver más allá que los demás y conducirse con objetivos claros en un medio político por demás conflictivo y cruzado por vectores contradictorios. Esas cualidades él mismo las sintetizaba en una de las metáforas de Maquiavelo, la del zorro y el león: “Mi nombre político –le confía en una carta a Juárez Celman– debe tener de zorro y de león. Hay muchos tontos a quienes se les desarma con cualquier cosa y se les puede hacer servir a nuestras miras” (ibíd.: 99); principio que le reitera Juárez Celman en una misiva posterior: “La fuerza del político está en saber ser león y zorro al mismo tiempo. Casi podría asegurarle que, debido a esa actitud, tendremos de nuestra parte al doctor Quintana” (ibíd.: 144). Y al mismo Juárez le había aconsejado a propósito de un posible conflicto con la Iglesia: “conviene no dar ni pretexto a la especie y no dar importancia a las barbaridades de los ultramontanos. Si es necesario, ¡haga una Novena en su casa y hágase más católico que el Papa!” (ibíd.: 117). El hecho de que lo llamaran “el zorro”, indica que la gente de su tiempo percibía su verdadera naturaleza. Roca dominaba, pues, el arte de la política. Era un conductor nato que había perfeccionado su capacidad de mando en el ejercicio militar. Intuyó su destino tempranamente. Se preparaba para algo importante. En los días de comandante de frontera en Río IV le comunicaba a su confidente y concuñado: “Continuamente le he estado mandando los periódicos de provincia [...] Entre ellos encontrará mi pequeño discurso de despedida de los sanjuaninos, entre quienes he dejado buenos amigos, pensando siempre en el porvenir. No hay como sembrar con tiempo y sin apresurarse a las estaciones!” (ibíd.: 65). Con paciencia tejió los hilos que le llevarían a lo más alto del poder. Unía a su carisma personal una racionalidad asentada en un carácter reservado que lo hacía analítico y calculador. Había cultivado su espíritu con buenas lecturas y su liberalismo se nutría en gran medida de las ideas de Juan Bautista Alberdi. Según uno de sus biógrafos más autorizados, fue en los años de la guerra contra el Paraguay que Roca tomó conciencia del papel estratégico que estaba llamado a cumplir el ejército en la creación de un Estado nacional del que carecía la Argentina. Vio Argentina

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que para el país fragmentado de entonces el ejército representaba la clave de su unidad y de su fuerza como nación. Ello implicaba que debía evitar caer en los partidismos de la sociedad civil y plantearse más bien como objetivo unánime “el sostenimiento, en todos los casos y por todos los medios, del gobierno de la Nación, fuera quien fuera su titular, su orientación o su color partidario. Sobre este fundamento se marcharía después hacia la fundación de un Estado imbuido de las obligaciones que justifican su existencia en las naciones civilizadas” (Luna, 1994: 68). Para Roca fue clara entonces la necesidad del vínculo entre la nacionalidad y el poder político, entendiendo que tal vínculo sólo se lograría en su país si el ejército se ubicaba en el lugar que le correspondía: como garante del orden jurídico y de la unidad nacional. Primaba en este raciocinio el político sobre el militar. Pero esa doble condición fue decisiva para lo que había de lograr años después. 1880-1910: El Estado nacional Existe un cierto consenso en la historiografía argentina en vincular el proceso que comienza en 1880 a una generación, la “generación del ochenta”, a la que atribuyen calidades intelectuales y políticas superiores que la hicieron capaz de producir un cambio de tal envergadura como para dar la largada de la Argentina moderna. Al mismo tiempo hay cierto acuerdo en calificar el tipo de gobierno que se instaura como una “oligarquía”, que extiende su influencia entre 1880 y 1912. Algunos historiadores pusieron a circular la denominación del período 1880-1910 como “la república conservadora” o “el orden conservador”. A Julio A. Roca, el hombre clave del período, le reconocen haber sido decisivo para las transformaciones que se llevaron a cabo a partir de 1880. Pero, a diferencia del Estado nacional europeo occidental, ligado al ascenso de la burguesía moderna, al amparo del régimen de Roca se fortalece y, en buena medida, se renueva el reducido núcleo de terratenientes, con las concesiones de tierras efectuadas por los gobiernos del período: “A comienzos de la década del ochenta –se lee en un estudio sobre la llamada generación del ochenta– la participación en el ingreso de los sectores propietarios de la tierra había alcanzado niveles tan altos que, unida al prestigio social que otorgaba su tenencia, la constituían en uno de los elementos básicos de la distribución de poder en la Argentina”. Puntualiza dicho estudio que para la provincia de Buenos 56

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Proyecto de ley incorporando al ejercito nacional los batallones provinciales, 1880. Argentina

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Aires “se puede afirmar que al iniciar la década del 80 casi toda la tierra del Estado bonaerense había pasado de manos del mismo a la de los particulares. La campaña al desierto de Alsina-Roca puede considerarse el último mojón de este proceso que llevó la línea de fronteras a una situación similar a la actual” (Cornblit et al., op. cit. : 19). Según Milcíades Peña, a través del Partido Autonomista Nacional se constituyó “un verdadero frente único de estancieros, comerciantes y capitalistas de todo el país ansiosos por prosperar a la sombra de la paz y la administración roquistas” (op. cit.: 59). Al respecto, Thomas F. McGann anota que no cambiaron las leyes de propiedad rural y que la expansión económica lo que hace es facilitar la legalización del sistema de dicha propiedad: “Los prósperos terratenientes, junto con otros hombres que no tenían tantos recursos pero que eran igualmente perspicaces, se dejaron dominar por esa orgía de especulación en tierras que, subsistiendo durante una década después de que Roca hubo conquistado [entre 1879 y 1880] las zonas que estaban en poder de los indios, terminó cuando unas pocas personas [y muchas del mismo grupo mencionado] estuvieron en posesión de mayor cantidad de tierra” (1960: 41-42). Entre 1876 y 1903, años en que tuvo lugar la ocupación del desierto, el Estado regaló, o vendió a precios irrisorios, 41’787.023 hectáreas a particulares (Peña, op. cit.: 79).14 En su mensaje al Congreso en 1904 Roca informa que hasta diciembre de 1903 se concedieron en propiedad 32’ 447.045 de hectáreas de tierras fiscales (Museo Roca, 1966: 135). El proceso de las concesiones fue tal que, según Juan José Sebreli, “en los comienzos del siglo XX, la tierra estaba completamente repartida. El Censo Nacional de 1914, indicaba la existencia de 2.958 propiedades de 5.000 a 10.000 hectáreas, 1.474 de 10.000 a 25.000 hectáreas y 458 de más de 25.000. Entre éstas, aunque el censo no lo diga, existían algunas cuyas superficies pasaban las 100.000 hectáreas” (Sebreli, op. cit.: 226). En el patrimonialismo, dice Weber, “aparece la imprevisibilidad y el voluble arbitrio de los funcionarios cortesanos y locales, el favor o disfavor del soberano y de sus servidores. Así, mediante un hábil aprovechamiento de las circunstancias y de las relaciones personales, puede perfectamente un simple hombre privado obtener una posición privilegiada que le ofrezca probabilidades de lucro casi ilimitadas. Pero de este modo, y como es evidente, se ponen grandes trabas a un sistema económico capitalista” (op. cit.: 839). 14

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Por lo demás, en los años de las presidencias de Roca y Juárez Celman (1880-1890) creció notablemente la economía. Las exportaciones agrícolas pasaron del 1.4% al 25% del total de las exportaciones (ibíd.: 67). Según McGann, se produjo entonces “una descomunal inflación en el valor de la tierra y en precios de exportación” (op. cit.: 28) cuyos beneficiarios fueron los grandes terratenientes y ganaderos y junto a ellos los políticos y los abogados de las grandes sociedades. Se proyectó así un claro dominio de terratenientes y comerciantes. El resultado no fue, sin embargo, el rompimiento de la estructura de poder tradicional afincado en las formas de producción premodernas. Esta alianza no realiza una revolución desde arriba para dar paso al desarrollo del capitalismo industrial. El régimen instaurado si bien lleva a cabo cambios fundamentales, como la centralización política y la creación del mercado interno, no sienta las bases de la industria ni auspicia la formación de una clase burguesa ligada a las formas más avanzadas de la producción. Lo afirmado anteriormente se corrobora con el cuadro de la situación económico-social del período, que resumen muy bien los investigadores de la generación del ochenta en los siguientes puntos: a) se observa un retraso manifiesto del sector manufacturero; b) se agrava el estancamiento de las provincias no pertenecientes a la zona del litoral; c) la estructura de tenencia de la tierra permanece invariable; d) el ingreso masivo de capital inglés y de hombres de negocios del mismo origen fue factor de desajuste (Cornblit et al., op. cit. : 52-53). En La generación del 80 y su proyecto Cornblit subraya que “los ingleses tenían un peso muy grande en la economía argentina y faltó el surgimiento de una clase capitalista nativa que asegurara la dinámica autónoma del proceso” (ibíd.: 55).15 En todo caso, la coyuntura histórica no fue favorable a la formación de una burguesía industrial, debido a que “la Argentina pasó, a partir de este momento, a depender definitivamente de las vicisitudes del mercado internacional de materias primas y de la afluencia persistente de capital extranjero para asegurar la continuación del proceso. De esta manera se vio sujeta a fuertes En clara coincidencia con este punto de vista, Sebreli afirma que “la industrialización del país, es decir, el desarrollo autónomo, encontraba su principal obstáculo en la burguesía ganadera aliada al imperialismo inglés” (op. cit.: 229).

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crisis –la primera a partir de este momento en 1890–, y cuando en 1930 se quiebran los mercados internacionales de mercancías y capitales se cierra el período de nuestro crecimiento, basado en la división internacional del trabajo” (Cornblit et al., op. cit.: 55). Con unas pocas cifras se puede dar cuenta de la importancia del crecimiento capitalista del período en referencia. El valor de las exportaciones totales pasó de 57 millones de pesos oro en 1881 a 100 millones en 1888 y el intercambio comercial entre 1881 y 1889 ascendió de 113 millones a 254 millones de pesos oro. Las rentas nacionales eran en 1880 de 19’594.000 pesos oro y de 72 millones en 1889 (ibíd.: 51). En datos globales, en los años que van desde cuando se estabiliza el sistema de gobierno liberal (1860) hasta 1910, al final de las reformas de la era Roca, el historiador Botana aporta cifras que demuestran el extraordinario cambio sufrido en la economía argentina: “Las exportaciones crecieron más de diez veces, alcanzando una tasa de incremento de 1.183%. En 1888, el área cultivada era de 2’422.922 ha y en 1914, de 14’313.630 ha. La población se había duplicado en veinte años: 3’956.060 habitantes en 1895; 7’888.237 en 1914. La red ferroviaria alcanzaba en 1880 los 2.313 km, representaba un capital de 62’964.486 pesos oro, transportaba una carga de 772.712 toneladas y obtenía ganancias por 3’488.232 pesos oro [...] en 1913 el ferrocarril se extendía desde Buenos Aires hacia todo el país, trasladaba 42’916.636 toneladas de carga a través de una red de 33.478 km que, junto con la maquinaria y los bienes inmuebles, significaba un capital de 1.358’949.967 pesos oro con ganancias que llegaban hasta los 52’742.416 pesos oro” (Botana, 1977: 284). Dos medidas tomó el general Julio A. Roca una vez posesionado de la Presidencia: la federalización de Buenos Aires y el reforzamiento y profesionalización del ejército. Sobre la primera dijo en su mensaje al Congreso: “El Congreso de 1880 ha complementado el sistema de gobierno federal y puede decirse que desde hoy empieza recién a ejecutarse el régimen de la Constitución en toda su plenitud. La ley que acabáis de sancionar fijando la capital definitiva de la República, es el punto de partida de una nueva era en que el gobierno podrá ejercer su acción con entera libertad, exento de las luchas diarias y deprimentes de su autoridad que tenía que sostener para defender sus prerrogativas con60

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tra las pretensiones invasoras de funcionarios subalternos. Ella responde a la suprema aspiración del pueblo, porque significa la consolidación de la unión y el imperio de la paz por largos años” (Halperin, op. cit.: 435-436). Sobre la segunda anunció: “Consagraré a las reformas que son reclamadas en este ramo [el del ejército] mis mayores esfuerzos, para evitar los peligros del militarismo, que es la supresión de la libertad, en un porvenir más o menos lejano, y para hacer del ejército una verdadera institución, según la Constitución lo entiende y el progreso moderno lo exige. De esta manera, ajeno al movimiento de los partidos y enaltecido como ya lo está ante la opinión de la República, podrá en el caso desgraciado en que los derechos de la patria estuviesen en peligro, desarrollar una fuerza incontrastable” (ibíd.) Más adelante, completa su idea sobre el papel del ejército: “necesitamos paz duradera, orden estable y libertad permanente [...] y a este respecto lo declaro bien alto desde este elevado asiento, para que me oiga la República entera: Emplearé todos los resortes y facultades que la Constitución ha puesto en manos del Ejecutivo nacional, para evitar, sofocar y reprimir cualquier tentativa contra la paz pública [...] En cualquier punto del territorio argentino que se levante un brazo fratricida, o en que estalle un movimiento subversivo contra una autoridad constituida, allí estará todo el poder de la nación para reprimirlo” (ibíd.: 438). En 1900 Roca crea la Escuela Superior de Guerra. En este mismo año trae una misión alemana que introdujo los Mauser y los cañones Krup. En 1901 aprueba la Ley de servicio militar obligatorio. Con la federalización de Buenos Aires y la profesionalización del ejército Roca enuncia las bases del Estado nacional. La federalización consagra la unidad nacional, al integrar en la Constitución en un solo cuerpo a Buenos Aires y las provincias, unidad que debe respaldarse con un ejército profesional, subordinado al poder civil, que asegura el monopolio de la violencia física por el Estado. En desarrollo de estos principios, Roca suprime los ejércitos de las provincias, pero durante su hegemonía, el ejército de Roca será un cuerpo armado dependiente de su voluntad. Es diciente al respecto el hecho de que en la oficialidad del ejército estarán dos de sus hermanos y un familiar de Juárez Celman, su cuñado; otro hermano suyo actuará como proveedor del ejército y la armada y un primo será el director de la policía de BueArgentina

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nos Aires. Por otra parte, aunque formalmente existe la separación de poderes, en la práctica están concentrados en Roca. Decía Roque Sáenz Peña al respecto: “el sistema federal ya no existe, como no existe el régimen republicano porque falta la independencia y la división de los poderes, y falta la independencia porque el Congreso se integra bajo las órdenes que imparte el presidente a los gobernadores de provincia” (Sáenz en González, 1945: 238).16 D’Amico, ex-gobernador de la provincia de Buenos Aires y exiliado por oponerse al gobierno de Roca, ratifica el juicio de Sáenz Peña, “el único elector de la Argentina es el Presidente de la República, que elige los gobernadores provinciales, las legislaturas, el Congreso y su propio sucesor” (ibíd.: 47-48). Al sistema político instaurado por Roca se le llamó el “Unicato” en el cual, según José Luis Romero, “apuntaban las viejas tendencias del autoritarismo autóctono, pero, contenido por el vigoroso formalismo constitucional, conducía al mismo tiempo a una solemne afirmación del orden jurídico y a una constante y sistemática violación de los principios por el fraude y la violencia. El eje del sistema era, en efecto, una concepción absolutista del poder ejecutivo [...] robustecida por el afán centralizador de Roca y Juárez Celman y, en menor escala, los que le siguieron en el ejercicio de la presidencia, como Pellegrini, Quintana o Figueroa Alcorta” (1956: 189). La unificación efectiva del país se llevará a cabo desarrollando las vías de comunicación: “Es indispensable –dice Roca en el citado mensaje– que los ferrocarriles alcancen en el menor tiempo posible sus cabeceras naturales por el norte, por el oeste y por el este, con sus ramales adyacentes, complementando el sistema de vialidad y vinculando por sus intereses materiales a todas la provincias entre sí [...] El que haya seguido con atención la marcha de este país, ha podido notar [...] la profunda revolución económica, social y política que el camino de hierro y el telégrafo operan a medida que penetran en el interior. Con estos agentes poderosos de civilización se ha afianzado la unidad nacional” (Roca en Halperin, op. cit.: 436). Integración económica de las provincias mediante una adecuada infraestructura que sustente el mercado interno (elemento básico del Estado nacional), en una Argentina lanzada hacia el progreso por la vía capitalista. La sín16

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Al decir de Alberdi, sostiene este autor, Roca era una especie de archiduque austríaco. El tránsito hacia el Estado nacional en América Latina en el siglo XIX

tesis de su programa de gobierno, “Paz y Administración”, es la misma de Porfirio Díaz en México y de Rafael Reyes en Colombia (1904-1909), el hombre que lleva a la práctica las ideas del dirigente que sentó las bases del Estado nacional en este país, Rafael Núñez. El general Roca completa su obra fundadora, separando la Iglesia del Estado (matrimonio civil, educación laica, nacionalización de los cementerios), pero consciente de la influencia de la religión católica en el pueblo y de su importante papel como factor de unidad moral y, en consecuencia, elemento vital para la paz, establece buenas relaciones con la Iglesia y le garantiza el ejercicio de su culto. Visto el carácter de las reformas realizadas en los años del roquismo, es posible decir que Roca y la élite que lo acompaña favorecen el desarrollo capitalista que, por lo demás, es útil para la consolidación del régimen, pero ni él ni su grupo están integrados al estamento privilegiado que se reclama de ancestros coloniales y concentra en sus manos la mayor parte de la riqueza.17 De hecho, como puede comprobarse en el trabajo de Sebreli ya mencionado, se dio una definida compactación de los grandes propietarios de tierras y por los datos que aduce puede verse cómo éstos mantuvieron una continuidad en su poder económico a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX: “En cuanto a la provincia de Buenos Aires –dice Sebreli–, según datos extraídos por Jacinto Oddone de la Guía de contribuyentes del año 1928, sólo cincuenta familias eran dueñas en ese año, en conjunto, de más de cuatro millones de hectáreas. Entre esas familias se contaban los clásicos apellidos de la oligarquía”, y enumera a continuación esos apellidos, anotando además el número de hectáreas de algunas de sus propiedades (Sebreli, op. cit.: 227). Cambiaron, pues, los gobiernos sin que se alterara la situación de privilegio de estas pocas familias, que se cuidaron bien de preservar y ensanchar su dominio económico sobre la tierra dando su apoyo a los dirigentes políticos y participando en esos gobiernos con varios de sus miembros, sin importar mucho los cambios de color político. Las mismas están detrás del golpista Uriburu en 1930. La centralización y los fundamentos del mercado interno quedan como avances institucionales que sólo podrán ser aprovechados Según Gastón Gori, Sarmiento, Mitre y Vicente López, expresaban “las más desdeñosas reservas frente al advenedizo roquismo” (1964: 248). 17

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en función del crecimiento industrial años más tarde. Por lo pronto, predominan en la estructura de poder los rasgos patrimoniales que obstaculizan el libre crecimiento de la burguesía, que actúa de manera subordinada. El régimen de Roca, o lo que se considera como tal, que incluye sus dos presidencias (1880-1886 y 1898-1904) y el peso de su influencia en el rumbo del país hasta 1910, fue sin duda autoritario, como correspondía al momento histórico en que se dieron las condiciones para la centralización del poder en el Estado. Fue una especie de absolutismo, al estilo de las monarquías europeas (una “monarquía consentida”, decía Sarmiento), con el cual lo comparan algunos historiadores. Y como en aquéllas, el Estado se ubicaba por encima de todos los grupos sociales: “José Manuel Estrada en Problemas argentinos, Vicente Fidel López en las digresiones de actualidad que incluye en el prólogo a su Historia de la república argentina y Sarmiento en los artículos reunidos en Condición del extranjero en América –registra Halperin Donghi– coinciden en efecto en denunciar en la excesiva autonomía ganada por el Estado frente a la entera sociedad el problema y el defecto central del orden roquista” (Halperin, 1987: 249). En consonancia con lo anterior, Sarmiento reclamaba el derecho de las “clases propietarias” a dirigir el Estado; le preocupaba que en las provincias, individuos salidos de las capas pobres, hubiesen reemplazado en los puestos de mando a los “representantes de su riqueza y saber” y por lo tanto le parece necesario que las “clases propietarias” vuelvan a asegurar su legítimo influjo sobre el Estado para devolverlo a un rumbo menos únicamente aventurero” (ibíd.: 249-250). Lo mismo se puede decir de sus homólogos de México y Colombia. Ese autoritarismo se ejerció como franca dictadura por Díaz y con parecida modalidad a la de Roca por Núñez y su continuador Rafael Reyes. Su influencia cubre también el mismo período, 18801910. Y el resultado fue igualmente la centralización del poder en el Estado y los comienzos de la unidad nacional.

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