Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia 8 de septiembre de 2014 Año XI, no. 2,437

Reporte sobre la Magistratura en el Mundo (Reserva de Derechos: 04-2011-102610220300-102)

Día Internacional de la Alfabetización

Naciones Unidas/Irak (El Mercurio): •

ONU llama a Irak reconocer a la Corte Penal Internacional para enjuiciar a yihadistas. Irak debería "considerar" formar parte del Estatuto de Roma, tratado al que pertenecen todos aquellos países que reconocen la Corte Penal Internacional (CPI), para asegurarse que los crímenes cometidos en el país no quedan impunes. Así lo defendió hoy el nuevo Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid al Hussein, quien por primera vez se dirigió como tal al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que comenzó hoy su vigésimo séptima sesión. "La impunidad sólo puede llevar a más conflicto y más abusos, dado que la venganza se encona y sólo se aprenden las malas lecciones. La asunción de responsabilidades y el reconocimiento de lo que han sufrido las víctimas es importante para asegurarse que los crímenes no se repetirán", afirmó Zeid. El nuevo comisionado recordó que los yihadistas del Estado Islámico (EI), que controlan vastas áreas de Irak, pudieron crecer gracias a la guerra en Siria, donde tres años de conflicto han causado cerca de 200.000 muertos y más de 9 millones de desplazados, y es un lugar donde diariamente se cometen las peores atrocidades. Mientras, en Irak, los yihadistas "ejercen una brutalidad y una violencia contra grupos religiosos y étnicos sin precedentes en tiempos recientes". Zeid también se refirió a la situación de los derechos humanos de los inmigrantes y solicitó particularmente a la Unión Europea (UE) que "haga más" para lidiar con la "trágica situación" de las decenas de miles de inmigrantes que arriesgan sus vidas para llegar a Europa. Zeid recordó a los 100.000 inmigrantes que han cruzado este año el Mediterráneo intentando alcanzar la costa europea y lamentó la muerte de más de 1.900 que no lo consiguieron. Asimismo, denunció los abusos de las fuerzas de seguridad. "En todas las fronteras de Europa, incluyendo recientemente en la ciudad autónoma española de Melilla, surgen informes de supuestos retornos forzados y malos tratos de inmigrantes llevados a cabo por las fuerzas de seguridad". "Del Mediterráneo al Océano Índico y a los desiertos de Estados Unidos continuamos viendo incontables muertes de inmigrantes que se podían haber evitado", agregó. Zeid se refirió a los 50.000 niños no acompañados e indocumentados que abandonaron sus hogares en América Central para dirigirse clandestinamente hacia Estados Unidos huyendo no sólo de una situación de pobreza y desigualdad, sino del miedo a ser reclutados por las

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violentas pandillas criminales, conocidas como maras. "Las causas primigenias en los países de origen y destino deben ser tratadas de una manera concertada y a nivel regional. Asimismo, los abusos que sufren estos niños en tránsito -incluyendo asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones, violencia sexual y detención- son insoportables y deben tratarse". "El tratamiento para los no nacionales debe mantener el mismo estándar establecido por la ley humanitaria internacional. Los derechos humanos no están reservados sólo para los ciudadanos o para las personas con visados", recordó. El nuevo comisionado también se refirió a la epidemia de ébola que afecta a África Occidental, que ya ha causado más de 2.000 muertos, al recordar que la causa última es el subdesarrollo de los países afectados. "La carencia de infraestructura adecuada para una vida digna -incluyendo hospitales y saneamiento- y la falta de confianza en las autoridades han agravado esta terrible epidemia", concluyó.

El Salvador (Prensa Gráfica): •

Incrementa acoso de pandillas a empleados de CSJ. Citadores y notificadores denunciaron que estaban siendo víctimas de extorsión en algunas colonias de S. S. “Se trata de no vulnerar los derechos de las partes, pero a nosotros sí nos están vulnerando el derecho a la vida”. Notificador de un tribunal de San Salvador. “En ocasiones han ido hasta cinco veces y no los han dejado entrar. Si no se puede entrar, no vamos a exponer la vida del personal”. Jeaneth Ábrego. coordinadora del centro judicial de Soyapango. Las oficinas de actos de comunicación han hecho algunas propuestas que deben ser avaladas por el pleno de la CSJ. Los notificadores sugieren que en la etapa inicial de cada proceso se exija a todos los involucrados (abogados, procesados) un número telefónico en el cual pueda ser notificado de alguna resolución o notificado de alguna audiencia. También proponen que se habilite un casillero electrónico. “Si los mareros tienen Facebook, ¿cómo no van a poder abrir un correo electrónico para el proceso?”, dijo un trabajador de una de las oficinas de actos de comunicación de CSJ. Los citadores y notificadores proponen que desde la detención de los procesados se determinen e informen las fechas de eventuales audiencias: la de audiencias iniciales, preliminares y juicios, para evitar las amenazas en colonias. Los notificadores proponen que los jueces notifiquen a los abogados de los procesados y que esto cuente como notificación para que no sea necesario ir a buscar directamente a los imputados a sus lugares de residencia. Los empleados judiciales también sugieren que se establezca en un protocolo los intentos máximos que debe hacer cada notificador o citador para lograr entregar documentación en colonias de alto riesgo de San Salvador y el país. Israel ingresó a la comunidad La Labor, en Soyapango, el 8 de agosto. Su misión era entregar cinco citatorios para procesados en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador. “¿A quién es que buscaba?”, le preguntó una mujer. Israel abrió su fólder para ojear el primer nombre, pero en ese momento apareció un pandillero que le arrebató la documentación. Le logró quitar un citatorio y salió corriendo. Israel regresó a su motocicleta, donde lo esperaban tres hombres que le dijeron que se marchara, que no lo querían ver de nuevo en ese lugar. Cinco días después, el 13 de agosto, entró a la colonia Amatepec, ubicada a unos 200 metros de La Labor. A su salida lo interceptaron dos jóvenes. Uno sacó una pistola y se la puso en el pecho. “Vos sos policía”, le dijo. Israel les explicó que trabajaba en los juzgados. Los jóvenes le quitaron su carné y lo compararon con su DUI. “Es que juzgados tiene que ver con la Policía. Y aquí no queremos ni Fiscalía, y mucho menos Policía”, le dijeron. Luego revisaron su celular para ver si había tomado fotografías. Le dieron dos minutos para que se fuera. Israel huyó. El anterior es el testimonio de uno de los 24 citadores y notificadores de los tribunales del centro judicial de Soyapango que dicen haber sido víctimas de amenazas de pandillas en los últimos meses. Y no se trata de una situación exclusiva del municipio de Soyapango. El problema se extiende a decenas de colonias del departamento de San Salvador. “La situación ha venido empeorando paulatinamente. Ahora se nos está estigmatizando que somos colaboradores de investigaciones policiales y no tenemos nada que ver con esa situación. Los mareros creen que somos detectives y nos están regresando desde las entradas de las colonias”, comentó otro encargado de repartir notificaciones en San Salvador. En la colonia Las Cañas, Ilopango, los pandilleros no dejaron ingresar a un notificador porque no les entregó la cantidad de dinero que le exigían. En el proyecto Santa Teresa, en San Martín, los pandilleros sacaron pistola en mano a un citador. Todo eso está consignado en un reporte que envió la oficina de actos de comunicación a la administración del centro judicial de Soyapango el pasado 28 de julio. “Esto es el mal generalizado que tenemos ahora. Durante algún tiempo el uniforme servía de protección. Antes solo les preguntaban qué andaba haciendo y no pasaba nada, pero de unos seis meses para acá se ha puesto peor, el peligro es parejo”, comentó Julio Canjura, supervisor de notificadores de la oficina de actos de comunicación del Centro Judicial Isidro Menéndez, en la capital. Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya están al tanto de que el problema se ha agravado. Desde el 30 de julio tienen en estudio un pliego de medidas para paliar el riesgo, pero aún no se han puesto de acuerdo. “Los incidentes se han incrementado más que todo por las comisiones procesales que remiten de San

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Salvador. En ocasiones han ido hasta cinco veces a un lugar y no los han dejado entrar. Una de las soluciones que expusimos es que se les notifique a las partes procesales y ellos le notifiquen a las partes materiales”, explicó la coordinadora del centro judicial de Soyapango, Francisca Jeaneth Ábrego. Trabajadores sociales. Los equipos multidisciplinarios de la CSJ (integrados por psicólogos y trabajadores sociales) también han denunciado incremento de amenazas. Marina (nombre ficticio) es trabajadora social. El pasado lunes tenía programada una evaluación para determinar si hay violencia intrafamiliar en una vivienda en la colonia La Campanera. No pudo realizar la diligencia porque, según relata, un grupo de pandilleros le hicieron abandonar el lugar al ver el vehículo del Órgano Judicial. “Ellos piensan que uno va por ellos, como el vehículo tiene logo. Y ya no nos dejan hacer las entrevistas, por eso el motorista siempre se estaciona en posición de salida, porque hay lugares donde a los dos minutos damos la vuelta”, relata Marina. En Soyapango han hecho un listado de las 57 zonas de mayor riesgo para los empleados. LPG Datos publicó recientemente un estudio con las colonias más temidas por los habitantes del Área Metropolitana de San Salvador. Muchas de estas coinciden con las enlistadas por la CSJ. “Nos dicen detectives, nos dicen ‘charlis’... Hace tres meses me robaron la moto en la comunidad 16 de Marzo”, testifica otro citador. “Todos los notificadores tienen que andar cargando al menos una corita”, dice el secretario de uno de los tribunales de otro de los municipios con mayores índices delincuenciales: Mejicanos. En esa jurisdicción, de hecho, un juzgado tuvo que trasladarse por amenazas

Bolivia (Xinhua): •

Fracaso y retardación de justicia obliga a excluir a jueces ciudadanos. El fracaso de los jueces ciudadanos por convertirse en un elemento que alimenta la retardación de justicia motivó al Órgano Judicial a plantear un proyecto de ley para prescindir de estos "jurados del pueblo" que nacieron al amparo del Código de Procedimiento Penal aplicado en Bolivia desde junio de 2001. El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, Juan Carlos Cejas, explicó a Xinhua que el proyecto de ley denominado "Para el descongestionamiento y efectivización del sistema penal" tiene entre sus principales puntos la eliminación de los jueces ciudadanos. Considera que, en su criterio, se ha evidenciado en los hechos y a través de denuncias que estos jueces contribuyen a la dilación de la justicia y, por tanto, al elevado índice de carga procesal pendiente. "La implementación de los jueces ciudadanos, que en su momento se presentó como un elemento revolucionario de la justicia, no fue tal, sino que ha sido un fracaso; no han contribuido como debieron hacerlo porque, además, ese sistema no se acomoda a nuestra cultura", aseveró. Señaló que las condiciones de Bolivia respecto de otras naciones desarrolladas donde existen los jueces ciudadanos nos son iguales, por varios factores desde cultural, nivel de formación, económico, falta de apoyo estatal, amedrentamiento, escasez de tiempo, trabajo y otros. "De acuerdo a la fundamentación del proyecto de ley que ha sido trabajado en el Órgano Judicial en coordinación con el Ejecutivo, señalan que la mayoría de los tribunales de sentencia tardan en su conformación muchos meses, lo que lógicamente genera la retardación de justicia", afirmó el legislador. Además, dijo que hay casos en los que se han tenido que recorrer juzgados, primero por capitales de departamento y luego provincias, por el tema de recusaciones y excusas. Otro de los argumentos es que los jueces ciudadanos no se presentaban por falta de información, nivel de formación, ocupación laboral, lo que impedía una pronta conformación de los tribunales de sentencia. Se evidenció también que muchos ciudadanos tenían temor de enfrentar delincuentes peligrosos. "Estos argumentos han obligado a hacer un análisis serio para que desaparezcan los jueces ciudadanos, porque no han contribuido a una justicia rápida, sino (que) han sido parte fundamental para la retardación de justicia", aseveró, al manifestar que se pretende una justicia rápida. En su explicación ante los diputados, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, dijo que la ley que propusieron denominada "Para el descongestionamiento y efectivización del sistema penal", permitirá descongestionar los procesos penales en sus etapas investigativa y cautelar. Von Borries precisó que la propuesta legal modifica parcialmente el Código de Procedimiento Penal, lo que permitirá frenar el uso abusivo de las excusas, recusaciones, excepciones e incidentes que interrumpen el normal desarrollo de los procesos. Además, dijo que se ordena que, mientras dure el proceso de descongestionamiento judicial, el Tribunal de Sentencia pueda funcionar con un juez técnico y dos jueces ciudadanos en los procesos en curso, pero en los nuevos no participarán más los jurados del pueblo. CUESTIONAMIENTOS. Por su parte, la ex diputada opositora y experta penalista Norma Piérola dijo que estas leyes son "parche" cuando se precisa de una reestructuración general de la justicia. "La retardación de justicia se incrementó en esta gestión por la politización de este órgano y la falta de capacidad de los que están dirigiendo el Órgano Judicial", aseveró. La asambleísta mencionó que las autoridades nacionales estarían tratando de copiarse el procedimiento judicial que existe en Cuba. "Uno de los grandes avances que tuvimos en la justicia boliviana para igualar a todos los países del mundo

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que cuentan con ese mecanismo fueron los jueces ciudadanos, y ahora eliminarlos considero que es un retroceso", añadió Piérola. Por su parte, el abogado experto en temas penales, Raúl Paniagua, consideró que con esta acción se estarían afectando a la participación ciudadana que está avalada en la Constitución Política del Estado (CPE). A decir del jurista, se estaría dando un retroceso en la justicia boliviana al evadir la participación de los jueces ciudadanos. Asimismo, dijo que se estaría atentando (contra) la democratización del Poder Judicial. "El 85 por ciento de los detenidos no tiene sentencia, pero no por culpa de los jueces ciudadanos, sino de los jueces de la etapa preparatoria del juicio. "Es un peligro porque se violentaría sin duda el control social", dijo Paniagua, al resaltar que el Estado debería invertir más en recursos humanos y económicos para una buena administración de la justicia. Los jueces ciudadanos fueron insertados al sistema judicial en 1999 con el nuevo Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, en 2011 se conformó una comisión codificadora para elaborar otro Código Procesal Penal que excluya a los jueces ciudadanos, debido a las varias críticas por parte de las autoridades judiciales y de gobierno por la retardación de los juicios.

Colombia (El Tiempo): •

El alquiler de vientres aún no tiene reglas claras. “Alquilo mi vientre”, “busco vientre”, “agencia de alquiler de vientres”. Los anuncios aparecen en páginas web, en redes sociales y hasta en periódicos. La práctica de la maternidad subrogada, alquiler de vientre o, como el mismo ministro de Salud Alejandro Gaviria la ha llamado, “versión moderna de la maternidad”, es un tema que volvió a la agenda de opinión la semana pasada, cuando la Corte Constitucional señaló que las parejas del mismo sexo pueden adoptar mientras el menor sea el hijo biológico de una de las partes. Con esto surgieron las dudas sobre si esa histórica sentencia abriría la puerta para que, en adelante, estas parejas opten por el alquiler de vientres o por la inseminación artificial para poder ser padres. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Luis Ernesto Vargas, aseguró que durante el debate en el alto tribunal no se tocó ese tema. Sin embargo, la pregunta quedó abierta. Sobre todo porque en el país la única jurisprudencia que existe sobre el particular es la sentencia T-968/09 de la Corte Constitucional, en la que se trazan lineamientos y se exhorta al Congreso para que legisle en esa materia. Cinco años han pasado y la falta de regulación ha generado dificultades en los asuntos de filiación (derecho jurídico entre dos personas donde una es descendiente de la otra). Así lo asegura Emilssen González de Cancino, directora del Centro de estudios sobre genética y derecho de la Universidad Externado. “En Colombia no están claras las reglas de cómo se tiene un hijo a través de otra mujer. Por lo que aplica la normativa que existe para partos naturales; es decir que, ante el notario, el bebé deberá ser registrado con los apellidos de la mujer que alquiló su vientre y de su esposo o compañero permanente, si lo tiene”, explica. Por eso, solo ante un juez y a través de un juicio de impugnación de paternidad o maternidad se logra que quienes alquilaron el vientre adquieran la legitimidad como padres. Este proceso implica, entre otras cosas, pruebas de genética. Cuando la mujer que alquiló el vientre no tiene esposo, la pareja de la contratante queda con la paternidad y es posible adelantar un proceso legal de adopción. En los dos escenarios es un proceso complejo; no solo para la pareja que pretende ser padres, sino también para los médicos que realizan esta práctica. Juan Luis Giraldo Moreno, ginecólogo, especialista en reproducción humana del Instituto de Fertilidad Humana (Inser), dice: “El “vacío jurídico que existe ha hecho que muchos centros especializados en el tema prefiramos no hacerlo, porque no hay una ley que garantice que en el momento del parto el bebé sea entregado por quien alquila el vientre”. La Corte Constitucional, en su único pronunciamiento sobre el tema, señaló que el vacío normativo ha desencadenado “hechos y decisiones lesivas e irremediables de los derechos fundamentales de los menores involucrados”. Dijo además que la maternidad sustituta funciona como un mecanismo positivo para resolver los problemas de infertilidad de las parejas, y ha evidenciado “la necesidad urgente de regular la materia para evitar, por ejemplo, la mediación lucrativa entre las partes que llegan a un acuerdo o convenio de este tipo; la desprotección de los derechos e intereses del menor, y los grandes conflictos que se originan cuando surgen desacuerdos entre las partes”. Giraldo dice que mientras que el tema de la donación de óvulos e inseminación artificial sí está claro en lo que tiene que ver con la parte legal, a través del decreto 1546 de 1998, no pasa lo mismo con el alquiler de vientres. Ricardo Luque, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, reconoce que se han visto con las “manos atadas” para vigilar el tema al no existir normas que lo regulen, por lo que su papel se ha limitado a ser garante de los servicios de reproducción asistida, que se basa en los estándares que señaló la resolución 2003 de 2014, en la que se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud. ¿Cómo funciona? La Corte traza en su sentencia algunos requisitos que la práctica debería tener en el país. Estos son que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir, que los óvulos que se requieren para la concepción no sean de la mujer que facilita su vientre, que la gestante no pueda retractarse de la entrega del menor, que los padres biológicos no

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puedan rechazar al hijo en ninguna circunstancia, que la muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no deje desprotegido al menor y que la gestante no tenga como móvil un fin lucrativo. Este último punto causa grandes cuestionamientos en la actualidad. González de Cancino, del Centro de estudios sobre genética y derecho de la Universidad Externado, señala que, “en general, en los sistemas de derecho civil que hablan de trasplantes y de disposición del cuerpo, se prefiere la gratuidad. Sin embargo, aunque en Colombia se cobra por esto, es difícil que se considere un delito porque nada lo señala así”. En países como Ucrania, considerada la meca en el alquiler de vientres, “estos son libres de contratos con fines comerciales”, porque así lo determina su ley. Sin embargo, Paulo Ernesto Realpe, coordinador de control constitucional y estrategias jurídicas del ICBF, advierte que en estos casos “debe tenerse en cuenta que el decreto 2493 de 2004 establece en el artículo 15 la prohibición de remuneración o cualquier tipo de compensación o retribución por la donación o suministro de un órgano o tejido, concepto dentro del cual se entienden incluidas todas las partes vivas que constituyen el organismo humano”. Y agrega: “No se puede dejar de lado que en el asunto de la maternidad subrogada están en juego los derechos fundamentales del niño a tener una familia, a conocer a sus progenitores y al respeto de su dignidad. Esto hace definitivamente necesaria una intervención directa del Estado”. Tres preguntas claves. 1. ¿En qué consiste? Los escenarios contemplan cuando la pareja aporta el óvulo y el espermatozoide, cuando estas células son de un banco, o una fórmula mixta entre las dos opciones anteriores. A la mujer que alquila su vientre se le hace una fertilización in vitro. Es un proceso ambulatorio (no siempre exitoso). 2. ¿Cuánto vale? El tratamiento médico puede tener un costo cercano a los 12 millones de pesos. El alquiler del vientre de la mujer, en caso de que decida cobrar, varía. Recientemente se conoció el caso de una mujer que alquiló su vientre a una pareja de españoles, a la que le cobró 18 mil dólares. 3. ¿Cuándo hay delito? Se incurre en falsedad en documento público cuando el recién nacido es presentado ante la notaría y registrado con un apellido diferente de la mujer que lo dio a luz: para este caso, quien alquiló su vientre. Otra forma de delito es cuando se intenta traficar con los menores. Hace pocos meses, el país conoció la historia de una pareja de españoles que alquiló un vientre de una mujer en Colombia y, al no ser efectivo el procedimiento, esta decidió quedar embarazada de su esposo y entregarles su bebé a los extranjeros que habían pagado una alta suma de dinero. En el intento por salir del país fueron capturados por haber incurrido en posible tráfico de personas.

Chile (El Mercurio): •

Sector Judicial incrementa su interacción con la ciudadanía a través de las redes sociales. Un fuerte incremento en el uso de redes sociales y en la accesibilidad a sus diferentes dinámicas ha experimentado en el último tiempo el sector judicial chileno, donde sus diversos organismos se han valido de plataformas como Facebook, Twitter y YouTube para interactuar con la ciudadanía. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública experimentan fuertes alzas en el uso de esos soportes, a través de los cuales difunden fallos, informan sobre los derechos de víctimas e imputados, y responden dudas de los usuarios. Próximamente, incluso se espera que se puedan transmitir en vivo juicios vía streaming, tanto desde juzgados como desde las cortes Suprema y de Apelaciones. Según informa El Mercurio, esta última iniciativa es una de las que está impulsando la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, que con su proyecto de redes sociales se ha transformado en el organismo que más utiliza esas plataformas (@PJudicialChile). Al respecto, el ministro de la Corte Suprema Milton Juica explica que "Chile es uno de los países con mayor penetración en plataformas sociales, por lo que un servicio tan relevante como la administración de justicia debe saber dialogar, tanto en la sencillez del lenguaje como en velocidad de respuesta, desde las redes sociales". Instituciuones como la Defensoría Penal Pública (@DPP_CL) y el Ministerio Público (@FiscaliadeChile), también se han transformado en activos usuarios de redes como Twitter. La última incluso ha involucrado a esa plataforma en el esclarecimiento de casos, como ocurrió con la desaparición del joven Bastián Bravo, sobre cuyo paradero hubo permanentes consultas de usuarios que buscaban cotejar la veracidad de los rumores.

Unión Europea (Reuters): •

Google organiza reuniones por toda Europa por el derecho de privacidad. Un panel nombrado por Google mantendrá el martes la primera de una serie de reuniones para debatir el equilibrio entre privacidad y el libre flujo de información después de que en mayo un dictamen judicial reforzase el "derecho al olvido" de los ciudadanos europeos. La cita en Madrid será la primera de siete en capitales europeas, en un momento en el que el gigante de Internet lucha contra miles de solicitudes al mes para eliminar de sus resultados de búsquedas desde graves registros delictivos a fotos comprometedoras,

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pasando por historias negativas en los medios. Para mediados de julio, Google, que acumula más del 80 por ciento del mercado de búsquedas en Europa, dijo que había recibido más de 90.000 solicitudes y había aceptado más de la mitad desde que un tribunal de la Unión Europea ordenó que la empresa debe eliminar la información que es "inadecuada, irrelevante o ya no relevante". Mientras tanto, los reguladores de la protección de datos de países europeos, que está previsto que se reúnan el 15 de septiembre, están trabajando en los lineamientos para los motores de búsqueda, entre los que también está Microsoft o Yahoo!, para garantizar que las solicitudes se traten de forma coherente. Isabelle Falque-Pierrotin, que encabeza el regulador francés de privacidad y el grupo WP29 de la autoridad sobre protección de datos de la UE, dijo el viernes que era escéptica sobre la iniciativa de Google, que describió como parte de una "guerra de relaciones públicas" en un asunto que era importante para la estrategia de negocios de la empresa. "Google trata de establecer los términos del debate", dijo. "Quieren ser percibidos como abiertos y virtuosos, pero ellos eligieron a los miembros del consejo, que controla quién está en la audiencia y qué sale de las reuniones", dijo. Si un motor de búsqueda rechaza una solicitud de un ciudadano, éste tiene el derecho de apelar al regulador de protección de datos de su país. Se han recibido 90 de esas apelaciones en Reino Unido, 70 en España, 20 en Francia y 13 en Irlanda. Algunos ejemplos de eliminación de enlaces han sido públicos debido a que Google notificó a medios como la televisión BBC o el diario Guardian cuando se eliminaron. Esto ha generado críticas de que Internet estaba siendo reprimido y la prensa censurada. Después de la reunión en Madrid, los expertos se reunirán en Roma el miércoles, en París el 25 de septiembre, en Varsovia el 30 de septiembre, en Berlín el 14 de octubre y en Londres el 16 de octubre, antes de cerrar la ronda en Bruselas el 4 de noviembre. Google dijo que publicaría las sesiones en streaming online. (Reporte adicional de Julia Fioretti, Robert Hetz y Conor Humphries. Traducido por Rodrigo de Miguel en la Redacción de Madrid. Editado por

Afganistán (AP): •

Condenan a muerte a siete por violación colectiva. Un juez afgano condenó este domingo a la pena capital a siete hombres por la violación colectiva de cuatro mujeres en un caso que generó indignación en todo Afganistán. Los siete hombres, que aparecían en el banquillo de los acusados vestidos con trajes tradicionales marrones, fueron declarados culpables del secuestro y el ataque a las mujeres de un grupo que volvía en coche a Kabul de una boda a las afueras de la capital el 23 de agosto. Tanto el juicio como las protestas de indignación a las puertas del tribunal fueron transmitidos en directo por la televisión. Los siete hombres, vestidos de policías y armados con fusiles, arrastraron a las mujeres fuera del coche, les robaron lo que tenían, las golpearon y violaron, indicó la justicia, que procesó el caso con gran rapidez. “Habíamos ido a Paghman con nuestras familias. En el camino de vuelta, unos hombres nos pararon. Uno de ellos me puso el fusil en la cabeza, otro me robó todas mis joyas y el resto de la banda hizo lo que ustedes ya saben”, declaró ante el tribunal una de las víctimas, cubierta por una burqa. Una multitud se manifestó afuera del tribunal, exigiendo la pena de muerte contra los siete acusados. Los manifestantes aplaudieron ruidosamente cuando el jefe de policía de Kabul, Zahir Zahir, pidió que se cuelgue a los acusados. “Queremos que se los cuelgue en público. Esto servirá de lección para los demás”, declaró Zahir. Los siete acusados pueden apelar el fallo del tribunal, precisó el domingo la justicia.

De nuestros archivos: archivos: 7 de diciembre de 2009 Israel (El Mercurio) •

Demandan a una alcaldía porque los actores fuman en una obra. Una mujer israelí ha demandado a la alcaldía de la ciudad de Haifa (norte de Israel) por permitir que varios actores de teatro fumen durante una representación y le ha exigido que indemnice a casi 4.000 espectadores. Einav Abrahami, abogada de 31 años y aficionada al teatro, ha presentado la demanda en su nombre y en el de otros 3.800 espectadores que han visto o verán la obra hasta que los jueces estudien el caso, informa hoy el diario Yediot Aharonot. Según la demanda, la obra “El lugar del que vine” viola la ley anti-tabaco que prohíbe fumar en lugares públicos, al contener numerosas escenas en las que los actores fuman en el escenario. Representada por un segundo abogado, la demandante sostiene que los espectadores se ven expuestos a elementos contaminantes contra su voluntad por lo que exige a la Compañía Municipal de Teatro de Haifa que los actores no fumen de verdad, de la misma manera que en el teatro se simula la muerte o asesinato de alguien. "El Teatro Municipal de Haia no está por encima de la ley,” afirma

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Abrahami al diario, al tiempo que acusa a la alcaldía de un "conflicto de intereses” porque “por un lado debe garantizar la ley que prohíbe fumar en lugares públicos y por el otro financia a la compañía teatral” que la viola. En respuesta escrita a la demanda la alcaldía sostiene que “nos tomamos muy en serio la aplicación de la ley, pero creemos que la postura de la demandante es exageradamente extremista”. "No creemos que el objetivo de la ley sea limitar la libertad de expresión artística,” agrega. Si los jueces aceptan la demanda de la espectadora en su totalidad, la compañía teatral y la alcaldía deberán pagar una indemnización de 1.000 shékels (unos 264 dólares) a cada uno de los 3.800 espectadores.

Está en el libreto Elaboración: Dr. Alejandro Anaya Huertas [email protected]

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